El PSOE aragonés convoca a 4.700 concejales a la Asamblea contra la Ley de Racionalización de la Administración Local
EUROPA PRESS
El PSOE en Aragón ha convocado a los 4.700 alcaldes y concejales de la Comunidad Autónoma a la Asamblea de Alcaldes contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, que se llevará a cabo este domingo a las 12.00 horas en Madrid, en el Polideportivo de la ONCE.
El PSOE en Aragón ha convocado a los 4.700 alcaldes y concejales de la Comunidad Autónoma a la Asamblea de Alcaldes contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, que se llevará a cabo este domingo a las 12.00 horas en Madrid, en el Polideportivo de la ONCE.
Han convocado esta movilización todos los partidos del arco parlamentario español, excepto el PP, y asistirá, entre otros, una amplia representación de los 1.720 concejales y 252 alcaldes que tienen los socialistas aragoneses. Esta ley será debatida en el Congreso de los Diputados el 17 de octubre.
En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Socialista de las Cortes de Aragón, Javier Sada, ha afirmado que «los alcaldes y concejales nos vamos a rebelar contra esta ley y vamos a ir a esta concentración convocada en Madrid por todos los partidos políticos, salvo el PP y el PAR, únicos partidos que no se han sumado a esta asamblea».
El portavoz socialista ha indicado que «con el Gobierno de Rudi por primera vez en 30 años se ha retrocedido en la política de cohesión territorial en Aragón».
«Esta ley —ha añadido— agrava la situación del medio rural y es un golpe de muerte a la viabilidad de centenares de municipios y, sobre todo, es un golpe de muerte a la calidad de los servicios al margen de donde se viva».
Sada ha alertado del descenso de la calidad de vida en el medio rural y ha exigido a la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, que impulse la cohesión territorial.
Asimismo ha dicho que, pese a la importancia del medio rural aragonés, «por primera vez en 30 años las políticas de Rudi han llevado a una disminución de la calidad de vida del medio rural», a lo que ha añadido que la cohesión social conlleva el desarrollo de la cohesión territorial, lo que «esta presidenta no ha hecho».
También se ha quejado de que la jefa del Ejecutivo autonómico hace caso omiso de las iniciativas contra la reforma local aprobadas en las Cortes de Aragón y toma el Parlamento por «el pito del sereno».
Javier Sada ha agregado que el PP ha emprendido «una cruzada» contra la única Administración «sensata», la local, que además es la menos endeudada y la única que ha reducido su deuda.
Hecho trascendental
Por su parte, el secretario de Ciudad y Política Municipal, Juan Antonio Sánchez Quero, ha dicho que la Asamblea es «un hecho trascendental e histórico», ya que «lo que se quieren cargar son los ayuntamientos como los concebimos hasta ahora».
Ha pedido a los ediles de PP y PAR que «no se arruguen» ante sus partidos y ha subrayado que representan a una Administración local, «tan Estado como las comunidades autónomas y la Administración General del Estado».
Ha indicado que «el Gobierno central es un fraude porque hace todo lo contrario de lo que había prometido». Asimismo, ha afirmado que cada uno de los borradores que se han ido presentando de la reforma local ha ido a peor.
Sánchez Quero ha opinado que «la señora Rudi dice que la izquierda miente con los recortes y la realidad es que ella lleva muchos años en el coche oficial o bien está en la inopia», para añadir que «con la excusa de la crisis quieren asestar un golpe de muerte a los ayuntamientos».
El dirigente socialista ha continuado afirmando que se está produciendo un desapoderamiento de los ayuntamientos después de 30 años prestando servicios públicos «por la demanda de los ciudadanos unas veces y por la incompetencia de las Administraciones supramunicipales otras».
Además ha lamentado que tras más de tres décadas sigue sin resolverse la financiación local y ha aprovechado para aseverar que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha lanzado «un torpedo a la línea de flotación de los ayuntamientos que los hace saltar por los aires tal como los conocemos hasta la fecha» con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales.
Ha recordado que este proyecto de ley prohíbe taxativamente prestar algunos servicios y financiarlos a los ayuntamientos, como los servicios sociales, la ayuda a domicilio, la educación de adultos, medio ambiente y deportes, de tal forma que se pierde empleo en las Administraciones locales y «los vecinos y vecinas que vivimos en el mundo rural al final nos vamos a quedar sin servicios».
Esta iniciativa legislativa «no produce ahorro, no aclara las competencias, no evita duplicidades y no garantiza los servicios que se prestan a los ciudadanos», de tal forma que «volvemos otra vez los ayuntamientos al año 79», ha resaltado Sánchez Quero.
DECLARACIÓN
El PSOE-Aragón ha dado a conocer una Declaración de alcaldes contra el anteproyecto de ley en la que expresan su «posición radicalmente contraria», documento que han firmado ya numerosos alcaldes.
El Gobierno presenta este texto con el único objetivo de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, señala el texto, según el cual «se trata de una afirmación sin fundamento, puesto que el endeudamiento público de las entidades locales está en torno al cuatro por ciento del PIB, mientras que su déficit público alcanzó en 2012 el 0,3 por ciento y será del cero por cien para el periodo 2013-2015».
Esta «errónea concepción inicial» se manifiesta en un texto que «no resuelve los problemas reales de las Entidades Locales, ni profundiza en los derechos democráticos de participación ciudadana».
«Por el contrario —continúa la Declaración— erosiona la autonomía local no respetando las competencias municipales, no tiene en cuenta los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios públicos, vulnera los principios reconocidos en la Carta Europea de la Autonomía Local, no respeta las competencias de las Comunidades Autónomas reconocidas en los respectivos Estatutos de Autonomía y pone en peligro la prestación de los servicios sociales básicos que tanto necesitan los ciudadanos en estos momentos de dura crisis económica».
Ante la propuesta gubernamental «no somos sólo los alcaldes y alcaldesas los que vemos con preocupación esta reforma, sino que ha habido una reacción social unánime frente a la misma».
«Es necesario —indica el texto— atender las razones que una inmensa mayoría de alcaldes y concejales, asociaciones y federaciones de entidades locales, empleados públicos, organizaciones sociales, sindicales o empresariales han pronunciado con toda claridad y contundencia».
La Declaración expresas que «no se trata tanto de una cuestión de mayorías parlamentarias para la aprobación de la ley, sino de la necesaria búsqueda del consenso para alcanzar mayorías sociales».
«Por la hondura y la trascendencia de esta reforma, por la propia naturaleza de la materia que se pretende modificar y por la necesaria estabilidad y permanencia a que una ley que regule la vida local debe aspirar, solicitamos al Gobierno que retire su proyecto y elabore uno nuevo en base a otros principios consensuado con los alcaldes y alcaldesas y entidades locales menores, en el que se materialicen las necesidades reales de los municipios y de las entidades locales menores», concluye el texto.
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