El PAR presenta alegaciones al anteproyecto de ley de la Administración Local
EUROPA PRESS
Alega contra la desaparición de las entidades locales menores y el refuerzo de las diputaciones provinciales
El Partido Aragonés (PAR) ha presentado ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una serie de alegaciones al anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. De este modo, el PAR se ratifica en el voto particular que ya registró ante un primer informe elaborado por la propia FEMP.
El diputado del PAR en las Cortes de Aragón, Joaquín Peribáñez, también alcalde de Calamocha (Teruel) y representante del PAR en la comisión ejecutiva de la FEMP, ha reivindicado que «la ley reconozca la singularidad de la organización territorial propia de Aragón en comarcas».
En este sentido, el PAR ha informado en una nota de prensa que en sus alegaciones solicitan incluir un artículo que fije que serán los consejos comarcales quienes asuman las competencias que la ley atribuye a las diputaciones provinciales, cuando así lo determine la legislación autonómica.
Las alegaciones del PAR se remiten al acuerdo adoptado en la Comisión Bilateral el pasado 18 de julio, donde el Gobierno central se comprometió a reconocer en esta ley la singularidad de las comarcas aragonesas, al mismo nivel que los consejos insulares y cabildos, han apuntado las mismas fuentes.
Entidades locales menores
El PAR también alega contra el artículo que pretende suprimir de personalidad jurídica a las entidades de ámbito inferior al municipio, ya que esta regulación «excede» de las competencias básicas que tiene el Estado, «y supone una vulneración clara de las competencias autonómicas».
El PAR se ha mostrado en contra de la desaparición de las 43 Entidades Locales Menores existentes en Aragón. Tal como se señala en el escrito, esta pretensión «resulta inadmisible porque supone un nuevo apoderamiento por parte del Gobierno central de las competencias de las Comunidades».
La actual Ley reguladora de las Bases de Régimen Local atribuye a las Comunidades la regulación de las entidades locales menores, tal como hizo Aragón mediante la Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón.
El Partido Aragonés ha advertido de que «la desaparición de las entidades locales menores supone una acción sin precedentes, además de ser completamente innecesaria desde el punto de vista económico».
En este sentido, ha recordado que «ningún cargo electo de las entidades locales menores recibe remuneración alguna», al tiempo que ha apuntado que estas entidades «no tienen acceso directo a ningún tipo de subvención».
En Aragón, «los municipios de los que dependen no están obligados a transferirles ningún tipo de ingreso, por lo que viven de sus tasas, contribuciones especiales y precios públicos, que los vecinos seguirán pagando, pero al núcleo capitalidad, perdiendo, a la vez, todos los derechos sobre su patrimonio, que es la razón de la existencia de las entidades locales menores».
Defensa de la autonomía municipal
El PAR ha explicado, respecto a la asunción de la titularidad y gestión de los servicios por parte de las diputaciones cuando los ayuntamientos no puedan asumirlos, que esto supondría «la pérdida total del sentido de la existencia de los municipios al poder perder la totalidad de las competencias».
Joaquín Peribáñez ha opinado que existen «riesgos evidentes de que se vulnere la autonomía municipal mediante el sistema de evaluación e intervención de los servicios municipales por las diputaciones provinciales que se incluye en la propuesta de ley».
Por esto, se propone optar por mecanismos de control, pero no de intervención de los servicios municipales, así como una mejora en la financiación municipal, «que es la causa principal por la que determinados ayuntamientos no pueden prestar servicios, especialmente en los pequeños municipios».
El PAR tampoco considera oportuno que las provincias ejerzan funciones de coordinación de los municipios, «dado que este fin debe estar reservado al Estado y a las Comunidades autónomas, como entes políticamente superiores a los entes locales».
Empleados públicos
El Partido Aragonés también ha alegado contra la nueva regulación sobre los habilitados de carácter estatal ya que «supone una vuelta atrás sobre el régimen actual, puesto que pretende recuperar para el Estado una competencia sobre empleados públicos que se había atribuido a las Comunidades».
Con esta reforma, ha expuesto este partido, las Comunidades autónomas «ya no podrían legislar sobre los habilitados de carácter estatal y tampoco les correspondería aprobar la oferta de empleo público para su territorio, ni la resolución de los concursos ordinarios que venían realizando las Comunidades desde 2007».
En este sentido, el PAR ha comentado que la reforma supondría una «involución» al Estado descentralizado y afectaría a la seguridad jurídica de aquellas Comunidades que han desarrollado una normativa propia. Tal como señalan las alegaciones, modificar este punto «supone una pérdida de competencias autonómicas innecesaria y no justificada», además de que «se duda de la capacidad de organización del ministerio para recuperar estas competencias».
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