El Justicia se Aragón se interesa por el asunto de las servidumbres del Aeropuerto de Lérida

EUROPA PRESS

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha abierto hoy un expediente de oficio para interesarse oficialmente por las gestiones que está llevando a cabo el Gobierno aragonés, con el fin de solucionar la injerencia en las competencias propias de Aragón llevada a cabo por la Comunidad Autónoma de Cataluña al incluir varios municipios aragoneses entre los afectados por las servidumbres del Aeropuerto de Lérida.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha abierto hoy un expediente de oficio para interesarse oficialmente por las gestiones que está llevando a cabo el Gobierno aragonés, con el fin de solucionar la injerencia en las competencias propias de Aragón llevada a cabo por la Comunidad Autónoma de Cataluña al incluir varios municipios aragoneses entre los afectados por las servidumbres del Aeropuerto de Lérida.

Según el BOE del pasado día 19, el Real Decreto 1422/2012, de 5 de octubre, por el que se establecen las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Lleida-Alguaire, incluye, entre los municipios afectados, diez de la provincia de Huesca, entre ellos, Albelda, Alcampell, Altorricón, Binéfar, Esplús y Monzón, lo que supone graves afecciones para estos territorios, como las limitaciones para ubicar instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves, incluidas las instalaciones utilizadas como refugio de aves en régimen de libertad.

El Justicia de Aragón considera que se ha producido una injerencia indebida en las competencias propias y exclusivas de la Comunidad Autónoma, tanto en las municipales como en las autonómicas, por parte de Cataluña, lo que supone un grave incumplimiento del principio de territorialidad contenido en la Constitución española y en los Estatutos de ambas Comunidades.

Por todo ello, Fernando García Vicente ha querido mostrar su preocupación mediante la apertura de un expediente de oficio y solicitar con ello información al Gobierno aragonés sobre las actuaciones previstas para corregir el problema expuesto y evitar limitaciones futuras que, el mantenimiento de la actual situación, pueden generar.

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