De la pereza de la UCO a los retrasos judiciales: la ‘suerte’ sonríe al novio de Ayuso y sus lugartenientes
El entorno personal y político de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra bajo la lupa judicial, pero la lentitud de operación de los Juzgados y de las unidades de investigación es una baza que juega a su favor. La dilación de los procedimientos es evidente, por ejemplo, en el informe sobre su pareja, Alberto González Amador, que fue encargado hace más de 200 días a la UCO y del que aún no se tiene rastro alguno, en los juicios a los responsables de los ‘protocolos de la vergüenza’, a los que dirigentes como Carlos Mur han pospuesto sus declaraciones hasta cinco veces, o en casos como los que protagonizan Ana Millán o Alfonso Serrano. La pareja de la presidenta, el empresario y comisionista Alberto González Amador, lleva imputado por fraude fiscal y falsificación de documentos casi dos años, y el juicio parece que se demorará hasta 2027, mientras otra investigación echa a andar contra él por corrupción en los negocios y administración desleal. En el plano político, la número tres en el PP de Madrid, Ana Millán, está acusada de hasta cuatro delitos de corrupción desde 2022 y el próximo hito de la causa está fijado para dentro de cinco meses, la mano derecha de Ayuso, el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, figura como testigo en una causa donde los indicios se acumulan contra él desde hace 17 meses y cuya declaración se ha aplazado ya en tres ocasiones. Horizontes judiciales convulsos Contra el novio de la presidenta pesan las evidencias del informe de Hacienda que le siguió durante 19 meses y encontró dos fraudes al fisco en dos ejercicios distintos y una trama de facturas falsas para llevarlos a cabo. El empresario defraudó 350.000 euros, una cantidad inferior a los 600.000 euros por lo que la ley establece que debe ser un Juzgado de lo Pena y no la Audiencia Provincial quien celebre la vista. La carga de trabajo de los juzgados de lo penal de Madrid es sensiblemente superior a la que enfrenta la Audiencia Provincial, lo que hace que los procedimientos se demoren significativamente y el retraso pueda llegar, convenientemente, hasta después de las elecciones autonómicas previstas para 2027. La defensa, por su parte, tampoco tiene prisa: los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden 3 años y 9 meses de cárcel para el empresario, se presentaron en junio, y se dio a la defensa un plazo de diez días para emitir escritos. Amador tardó un año en declarar como investigado y en varias ocasiones recurrió a compromisos laborales como excusa para retrasar sus declaraciones. Por su parte, Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, está imputada desde 2022 por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y administración desleal en un juzgado de Navalcarnero. La investigación deriva directamente del caso Púnica, con indicios tan antiguos como 2016. En 2020, la Audiencia Nacional derivó a un juzgado local los indicios que aparecieron en…
