ZEC suspenderá la licencia de obras en los antiguos juzgados hasta negociar su uso conjunto con la DGA

EUROPA PRESS

• El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, ha avanzado este jueves que el equipo de gobierno llevará a la comisión de urbanismo, el próximo miércoles, la suspensión de la licencia de obras requerida por el Gobierno de Aragón para intervenir en los antiguos juzgados de la ciudad por afectar a parte de suelo municipal y con el objetivo de negociar de nuevo su uso conjunto con el Ejecutivo autonómico.

En rueda de prensa, Muñoz ha emplazado al Gobierno de Aragón a dialogar con el consistorio para cumplir con el acuerdo previo que determinaba el uso conjunto de estas instalaciones, donde el ayuntamiento desea realizar un centro cívico como "foco de revitalización" de esa zona del Casco tras la salida de los juzgados en 2013.

El consejero ha explicado que, tras un año "paralizado", el Ejecutivo aragonés ha retomado "por la vía de los hechos" este expediente para realizar obras en los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, si bien el proyecto afecta a suelo "de titularidad municipal", por lo que Muñoz ha apostado por suspender la licencia de obras para dialogar con la administración autonómica.

Ha detallado que en el año 2009 se inició el debate sobre el futuro de los juzgados, que finalmente salieron de la plaza del Pilar en 2013 para ubicar su sede en la Ciudad de la Justicia. Los antiguos juzgados se sitúan en una parcela cedida por el consistorio en 1956, con una superficie de 1966,69 metros cuadrados; y en 1986 se realizó una nueva cesión para ampliar el equipamiento, con 1.030 metros cuadrados.

Tras la salida de los juzgados de esta ubicación y después de que el Gobierno aragonés anunciara su intención de utilizar esas dependencias, el consistorio investigó en 2016 la titularidad de los suelos, concluyendo que "la de los de 1986 está clara" y, según Muñoz, también los suelos cedidos en 1956 corresponden en parte a la ciudad.

De esta forma, ese mismo año se iniciaron las negociaciones con el Gobierno aragonés sobre el futuro de esos edificios y se alcanzó un acuerdo en febrero de 2017 por el que se determinaba la gestión conjunta del edificio, ha detallado Muñoz. Ese mismo acuerdo se incluyó en el pacto presupuestario alcanzado por IU y el Gobierno autonómico, ha apuntado.

Sin embargo, después de "más de un año de largas", "sería peligroso" dejar continuar la tramitación de la licencia de obras dado que afecta a los intereses municipales y, por ello, ha emplazado a acordar el uso conjunto de estas instalaciones antes de que la situación "pueda perjudicar a terceros" si se mantiene el proceso de licitación.

"SENTARNOS A HABLAR"

Pablo Muñoz ha insistido en la necesidad de "sentarnos a hablar" con el Ejecutivo autonómico, manifestando que "yo parto de la buena fe, pero la buena fe se acaba y queremos que no fructifique la vía de los hechos". El consistorio desea que los antiguos juzgados sean un foco que revitalice toda la zona, con un centro cívico que sería compatible con los usos previstos por el Gobierno de Aragón.

"No hay nada tan bonito como plantear un centro ciudadano en la plaza del pueblo. Desde el punto de vista del plan general de ordenación urbana no habría problemas porque prevé usos de oficinas y sería un ejemplo modélico de una gestión conjunta de un edificio", ha recalcado.

Ha considerado que suspender la licencia de obras es la "única manera" de poder dialogar con el Ejecutivo aragonés, dado que de continuar ese procedimiento "no hay negociación posible y habría que ir a los tribunales y no queremos ir a los tribunales", ha concluido.