UPyD dice que solucionar la siniestralidad en las carreteras N-232 y N-II "es cuestión de voluntad política"
EUROPA PRESS
El responsable de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Aragón, Carlos Aparicio, ha instado a las distintas Administraciones públicas a resolver la «enorme siniestralidad» de las carreteras nacionales N-232 y N-II, algo que, a su entender, «es cuestión de voluntad política».
El responsable de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Aragón, Carlos Aparicio, ha instado a las distintas Administraciones públicas a resolver la «enorme siniestralidad» de las carreteras nacionales N-232 y N-II, algo que, a su entender, «es cuestión de voluntad política».
Para UPyD, es «inaceptable» que los ciudadanos «estén corriendo peligro, mientras sus políticos no son capaces de decidir entre desdoblar la carretera o liberalizar el peaje en los tramos conflictivos».
En una nota de prensa, Aparicio ha señalado «que si se tienen como únicas prioridades la defensa de la vida de los ciudadanos y la gestión eficiente de los recursos públicos no es difícil comparar el coste financiero de construir una nueva vía y la compensación a la concesionaria por la liberación de peajes».
Respecto a la N-232, ha indicado que «no entendemos que, una vez realizados los estudios pertinentes y tomado la decisión de su desdoblamiento, se anulase sin dar explicaciones».
En cuanto a la N-II, UPyD ha pedido que se afronte por parte de todos los implicados, ayuntamientos incluidos, «la necesidad de dar una solución a un problema que se va perpetuando en el tiempo y que se cobra vidas todos los años».
Aparicio ha remarcado que esta es «una cuestión de voluntad política» y «supone una tomadura de pelo a los aragoneses que cada cierto tiempo se hable de este tema sin que se tomen medidas al respecto».
«muy desafortunadas»
UPyD ha considerado «muy desafortunadas» las declaraciones del Secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, en las que consideraba los desdoblamientos como competencia desleal para las autopistas.
«Resulta engañoso este planteamiento sin tener en cuenta el beneficio indirecto para la concesionaria por el aumento de tráfico que supondría también en los tramos no liberalizados» y ha criticado que el Gobierno «anteponga los intereses privados a la seguridad de los ciudadanos».
UPyD ha propuesto una negociación con la concesionaria, recordando que se le amplió la concesión que finalizaba en 2011 hasta el 2026 durante el Gobierno del ‘popular’ José María Aznar. «Es imprescindible que se realice un estudio serio, independiente y con garantías de transparencia y objetividad para llevar a cabo estas negociaciones», ha aseverado el responsable de UPyD.
En su opinión, «no se pueden manipular los datos y después usarlos como excusa para no tomar una decisión», para reclamar a los responsables políticos «que mientras se toma una decisión se acometan las mejoras oportunas para dotar a las nacionales de una mayor seguridad».
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