Una veintena de personas, investigadas por un fraude relacionado con el plan PIVE

EUROPA PRESS

En la operación denominada 'OSCA-REPIVE', que ha perjudicado a 113 personas y defraudado más de 150.000 euros

La Guardia Civil ha destapado una trama en la provincia de Huesca que ha defraudado más de 150.000 euros en torno al plan PIVE-6, por la que están siendo investigadas 22 personas como supuestos autores de falsedad documental y estafa. El fraude ha afectado a 113 personas y han sido inspeccionadas 13 empresas.

Todos los investigados son españoles residentes en la provincia de Huesca y se encuentran a la espera de ser requeridos por el juzgado para su personación. Pertenecen a concesionarios y centros autorizados de tratamiento de residuos.

La operación se ha denominado 'OSCA-REPIVE' y la investigación se inició tras la denuncia de una persona que había aportado un vehículo de su propiedad para el plan PIVE-6 y a quien le transfirieron a su nombre un vehículo siniestrado, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca en una nota de prensa.

La Benemérita ha explicado que en enero de 2015 un particular formuló denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Monzón, indicando que en el momento de adquirir un vehículo nuevo había entregado en el concesionario el suyo, para acogerse a la subvención del plan PIVE-6.

Su vehículo viejo había sido vendido sin su consentimiento y habían transferido a su nombre uno siniestrado para que pudiera beneficiarse del plan PIVE-6 "falsificando su firma y la del supuesto vendedor, tanto del contrato de compraventa, como del mandato por representación de la gestoría", ha indicado desde la Guardia Civil.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico inició entonces la operación 'OSCA-REPIVE' para verificar la denuncia y para localizar a empresas que estuvieran llevando a cabo alguna actividad ilícita con el plan PIVE-6.

649

Vehículos analizados

Los agentes determinaron, tras una minuciosa investigación sobre la venta de 649 vehículos, que 148 de ellos podrían haber sido utilizados por los concesionarios para clientes que no podían aportar vehículo propio.

Para ello, cuando un cliente iba a comprar un vehículo nuevo y al objeto de garantizar la venta, se le ofrecía la posibilidad de acogerse al plan PIVE, aunque no dispusiera de un automóvil antiguo que entregar. Este plan exige unos requisitos para poder acogerse a él, entre otros, que el vehículo aportado tenga más de diez años.

Los concesionarios contactaban con un centro autorizado de tratamiento de vehículos de la provincia de Huesca, el cual facilitaba la documentación de vehículos destinados a ser dados de baja por fin de su vida útil.

Igualmente, aprovechaban cuando un cliente aportaba un vehículo para acogerse al plan PIVE y siendo que todavía podía ser utilizado, en lugar de darlo de baja, era vendido sin conocimiento del titular y ponían a su nombre un vehículo de los destinados a ser dados de baja en la empresa de tratamiento de vehículos.

113 AFECTADOS

A lo largo de la investigación, se ha determinado la existencia de 113 personas como perjudicados con esta práctica, siendo víctimas de una falsedad documental, al haberse utilizado sus datos y falsificado sus firmas en contratos de compra-venta de vehículos y mandatos por representación de gestoría.

Además, se ha llegado a falsificar la firma de una persona que en el momento de realizar la operación de compra venta se encontraba fallecida y en otros dos casos de personas que se encontraban impedidas debido a problemas graves de salud.

Tras la realización de una entrada y registro autorizada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Monzón, se ha intervenido numerosa documentación relativa a la compra venta de vehículos que supuestamente sería ilícita.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Agrupación de Huesca ha entregado este miércoles, 16 de diciembre, las diligencias instruidas en el juzgado de Instrucción número 1 de Monzón.