Una delegación aragonesa de UPA reparte fruta en Madrid para denunciar la crisis del sector

EUROPA PRESS

Una delegación aragonesa de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) reparte fruta este jueves en Madrid para denunciar la crisis del sector.

Una delegación aragonesa de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) reparte fruta este jueves en Madrid para denunciar la crisis del sector.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de UPA-Aragón, José Manuel Roche, ha indicado que se trata de un acto reivindicativo en el que participan delegaciones de todas las comunidades autónomas del sindicato agrario, que regalan unos 15.000 kilos de fruta a los ciudadanos que lo deseen, con el objetivo de «denunciar las prácticas abusivas que se dan en el sector».

En concreto, ha señalado que los márgenes comerciales «llevan tiempo disparándose de una manera abusiva», ya que el agricultor cobra, en muchas ocasiones, «por debajo de los costes de producción», mientras que el consumidor paga unos precios «muy altos» por los productos.

Como ejemplo de los «abusivos» márgenes comerciales, José Manuel Roche ha asegurado que a un agricultor español le cuesta en estos momentos 10 céntimos de euro producir un kilo de patatas. A este mismo agricultor se le paga por el producto de 8 a 12 céntimos, mientras que al consumidor el kilo de patatas de cuesta 65 céntimos de euro.

Por ello, el secretario general de UPA-Aragón ha afirmado que una ley que regule los márgenes comerciales, y que «quite poder a las grandes distribuidoras e intermediarios que están haciendo el agosto a nuestra costa», también sería beneficiosa para el consumidor final, que vería reducidos los precios.

Convencer al ministro

Así, según Roche, el objetivo es «convencer al ministro —Miguel Arias Cañete— de que ponga en marcha una ley agroalimentaria que fortalezca la posición del agricultor», ya que es «muy importante» que se pongan «mecanismos de control».

En este sentido, ha apuntado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es el que tiene la «competencia» para poder sacar adelante esta ley.

Dicha normativa regularía los márgenes comerciales, de forma que impediría las prácticas comerciales abusivas. «No puede ser que a nosotros se nos estén incrementando los costes año tras año y tengamos que soportar el cien por cien de los mismos. Si estos incrementos se repartiesen a lo largo de toda la cadena podríamos jugar todos con las mismas reglas».

Además, José Manuel Roche ha sostenido que «lo que no puede ser es que nosotros tengamos que cumplir unas medidas de calidad marcadas por la Unión Europea que otros países no».

En este sentido, ha matizado que las medidas de calidad y seguridad que marca Europa son adecuadas, y las que se deben seguir, pero ha aseverado que deberían exigirse también a los productos que entran en nuestro país, «lo que no puede ser es que nos entre fruta de Marruecos que no cumple los mismos requisitos».

DELEGACIONES

Todas las delegaciones de UPA que acuden a este acto reivindicativo están formadas por diez personas cada una y reparten productos agrícolas, en el caso de Aragón melocotón, nectarina y cereza, en la plaza de Callao.

«Con lo que a una persona le cuesta el café podría comprar a un agricultor, directamente, cuatro kilos de nectarina», ha aseverado José Manuel Roche, quien ha insistido en que «los costes de producción están disparados, a veces merece la pena dejar la fruta en el árbol».

Asimismo, Roche ha remarcado que otra de las reivindicaciones de los agricultores se centra en que, tendiendo en cuenta que este año ha caído la producción un 40 por ciento en España, según datos de UPA, por la sequía y las heladas de primavera, «se esté bajando el precio al productor e incrementando al consumidor».

Sin embargo, el secretario general de UPA-Aragón se ha mostrado esperanzado, porque ha considerado que el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, parece interesado en «empezar a trabajar en una ley» que regule la situación.

Por último, Roche ha destacado que se trata de una medida que «no costaría un euro al Estado». «No estamos pidiendo liquidez, pedimos un mecanismo de regulación y control, algo que no va a costar dinero a los ciudadanos».

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