Saz, a la espera de conocer el coste para Aragón del mecanismo de pago a proveedores

EUROPA PRESS

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, José Luis Saz, está a la espera de conocer el coste que tendrá para Aragón la aplicación del mecanismo aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para pagar a los proveedores de servicios y productos de las Administraciones autónomas.

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, José Luis Saz, está a la espera de conocer el coste que tendrá para Aragón la aplicación del mecanismo aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para pagar a los proveedores de servicios y productos de las Administraciones autónomas.

Saz ha comparecido esta mañana en Comisión de las Cortes de Aragón, donde ha explicado el Plan de Ajuste elaborado para financiar el pago de 445 millones de euros a proveedores del Gobierno de Aragón, que empezarán a cobrar en junio al aplicarse un mecanismo extraordinario aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 6 de marzo.

El titular de Hacienda ha señalado que en la reunión del Consejo no se fijó una cuantía de los intereses. Se decidió cobrar a las comunidades intereses por valor de 115 puntos básicos del Tesoro Público como máximo más 30 puntos básicos como máximo por intermediación. La cuantía dependerá de la fecha en que se pague.

Saz ha explicado que este mecanismo servirá para pagar más de 174.000 facturas. Los Departamentos del Gobierno autónomo deben más de 16.000 por diversas cuantías y la mayor parte de la carga está en el Servicio Aragonés de Salud, el Instituto Aragonés de la Juventud, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el Instituto Aragonés de la Mujer, que tienen pendiente el pago de 383 millones de euros en facturas.

Las empresas públicas deben 30 millones de euros, los organismos públicos, el Instituto Aragonés de Fomento, Aragonesa de Servicios Telemáticos y el Banco de Sangre adeudan 10,5 millones y las fundaciones y consorcios 4,8 millones de euros. No se han incluido las facturas de menos de 1.000 euros, que el Ejecutivo regional abonará directamente.

Plan de ajuste

El Plan de Ajuste, que incluye medidas aprobadas posteriormente en el Plan Económico Financiero (PEF) de la Comunidad Autónoma, recoge el compromiso de la Comunidad Autónoma de adoptar medidas para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit, que es del 1,5 por ciento del PIB en 2012.

También incluye varias medidas de ingresos y gastos, como el cobro de 30 millones de euros en concepto de impuesto sobre el patrimonio, un plan especial de control tributario y la venta de inmuebles de la Administración autónoma.

El Plan de Ajuste recoge el control de las modificaciones presupuestarias, de la ejecución del gasto y de la reestructuración del sector público empresarial.

Asimismo, contempla la regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas, la reducción del plazo de pago a proveedores, que actualmente ronda los 100 días, la limitación de los contratos mercantiles de alta dirección y remitir a Hacienda la información que solicite.

GRUPOS

El presidente de CHA, José Luis Soro, se ha quejado por no disponer del Plan de Ajuste antes de la Comisión, como dispone el artículo 81 del Reglamento de las Cortes. Ha avisado de que tendrá repercusiones en el Plan Económico Financiero del Gobierno autónomo.

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, también ha criticado que el Gobierno no aportara el Plan antes de la sesión parlamentaria y ha preguntado al consejero «cuánto nos cuesta» el pago a los proveedores de 445 millones en concepto de intereses y en qué plazos hay que pagarlo.

El portavoz del PAR, Antonio Ruspira, ha solicitado información al consejero sobre las condiciones financieras del Plan y los datos de los Departamentos y organismos asociados.

La parlamentaria del PSOE, Ana Fernández, ha lamentado la «falta de transparencia» del Gobierno de Aragón y ha recomendado incluir el pago de las empresas que proveen a los ayuntamientos.

La diputada del PP, María José Ferrando, ha defendido este Plan de Ajuste por considerar que es un «conjunto de medidas excepcionales» que pretenden «dar respuesta a momentos extraordinariamente difíciles».

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