admin 25/03/2015

EUROPA PRESS

Las Cortes de Aragón han aprobado este miércoles, en sesión plenaria, la Ley de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana con el apoyo unánime en los artículos no enmendados, una norma en cuya fase de Ponencia se han transaccionado 50 enmiendas.

Las Cortes de Aragón han aprobado este miércoles, en sesión plenaria, la Ley de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana con el apoyo unánime en los artículos no enmendados, una norma en cuya fase de Ponencia se han transaccionado 50 enmiendas.

Ha presentado este proyecto de Ley el portavoz del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, quien ha destacado que, a partir de su entrada en vigor, el silencio administrativo será positivo. «Un gran avance» respecto a la Ley estatal, ha apuntado.

El consejero ha enmarcado esta iniciativa legislativa en la demanda ciudadana de que las Administraciones públicas sean «mucho más transparentes» y en la exigencia de participar en la toma de decisiones.

El Consejo de Gobierno de Aragón aprobó el 18 de marzo este proyecto de Ley, que nació con los objetivos de hacer una norma «lo más amplia posible», que el número de sujetos obligados fuera lo más numeroso posible y que las premisas fueran claras. «Buscamos la máxima participación», de tal forma que se incorporaron 400 de las 700 aportaciones de la sociedad civil al texto inicial.

Esta Ley obliga a que las Administraciones sean «transparentes», a que los ciudadanos sepan a qué han destinado sus impuestos, ha continuado Bermúdez de Castro, quien ha agregado que las Administraciones deberán rendir cuentas «constantemente». Se creará el Consejo de la Transparencia, un órgano «independiente», ha apostillado.

El coordinador de la Ponencia y diputado popular, Fernando González, ha resaltado «la voluntad política de intentar llegar a acuerdos», prueba de lo cual es que ningún grupo ha presentado enmienda a la totalidad. El consenso social de partida era «muy importante».

Los grupos han presentado 291 enmiendas parciales a los 61 artículos, 90 CHA, con 57 aprobadas, 78 el PSOE, con 46 aprobadas o transaccionadas, 111 Izquierda Unida, con 74 incorporadas al texto, y 12 el PAR, las 12 aprobadas.

«más democracia»

En el turno del grupo popular, Fernando González ha destacado la búsqueda del consenso argumentando que «la transparencia es inherente a la democracia», por lo que «más transparencia es más democracia». Ha defendido el silencio positivo al afirmar que «la Administración no puede no contestar a un ciudadano».

El diputado del PSOE Carlos Tomás ha afirmado que «existe un clima de deslegitimación», por lo que «era imprescindible pasar de las palabras a los hechos», lamentando que el Parlamento no ha ofrecido a los ciudadanos una respuesta «hasta hoy».

Ha dicho que el próximo Gobierno «no se va a encontrar con una ausencia» de una normativa sobre transparencia, lo que «es una gran ventaja».

En representación del PAR, Alfredo Boné ha expuesto que la transparencia no solo es «deseable», sino «en tiempos de crisis imprescindible», urgiendo a «atajar enfermedades muy graves» del Estado de Derecho, como «la falta de credibilidad de las instituciones», el populismo, la intolerancia, la falta de consenso y de respeto a las instituciones democráticas.

En opinión de Boné este ha sido «uno de los grandes acuerdos» de la presente legislatura. Ha recordado que Aragón es «una tierra de pactos en la que lo que se pacta es ley», en alusión expresa al Derecho foral civil. La de Transparencia es una Ley «valiente, de alto contenido ético» y que «condicionará las formas de gobernar en el futuro».

FUNDAMENTAL

La portavoz del grupo de IU, Patricia Luquin ha subrayado que «hasta el último segundo hemos estado negociando» por ser una Ley «fundamental» y se ha quejado de que el proyecto de ley se haya tramitado en la recta final de la legislatura.

Para IU la transparencia y la participación «no son meras cuestiones cosméticas», sino «dos de los elementos fundamentales para hablar de una democracia de calidad». De hecho, este grupo considera que ambos principios deben ser derechos fundamentales de la ciudadanía.

Patricia Luquin ha resaltado «un avance importante», que la Ley reconoce el derecho al acceso a la información sobre la violencia y la represión durante la guerra civil y el franquismo.

El presidente de CHA, José Luis Soro, ha hecho hincapié en «el consenso que ha habido en la tramitación de esta Ley», expresando que «cuando se trabaja codo a codo el resultado es mejor y, sobre todo, más útil para la gente». Ha resaltado la inclusión del silencio positivo.

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