Las Cortes piden un plan aragonés que regule la implantación de la FP dual

EUROPA PRESS

El pleno de las Cortes de Aragón ha instado este jueves al Gobierno autonómico a presentar el próximo mes de septiembre un plan aragonés que regule la implantación de la Formación Profesional (FP) dual en el sistema educativo aragonés.

El pleno de las Cortes de Aragón ha instado este jueves al Gobierno autonómico a presentar el próximo mes de septiembre un plan aragonés que regule la implantación de la Formación Profesional (FP) dual en el sistema educativo aragonés.

Ese plan deberá contemplar, al menos, su regulación, financiación, implementación, modalidades y estrategias, de acuerdo al Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.

La iniciativa, presentada por el PSOE, ha sido apoyada por este grupo, el PP y el PAR, que han sumado 56 votos, mientras que CHA e IU se han abstenido, con ocho votos. La diputada socialista Mayte Pérez, ha opinado que ante la «situación insostenible» de los jóvenes, con más de un 50 por ciento de paro, la FP debe ser una «alternativa real».

La parlamentaria ha estimado que el Gobierno de Aragón debe «dirigir y liderar» este tipo de formación para que permita «absorber a ese porcentaje de jóvenes» y «mejorar su empleabilidad», y ha estimado que contar con ese plan es algo «urgente».

La diputada del PP, María José Ferrando, ha reconocido que la empleabilidad de los jóvenes es «el problema actual más grave» y se ha mostrado favorable a «llegar a un acuerdo» para este programa educativo, si bien ha recalcado que «los primeros pasos se han dado» y es una materia «compleja» como para «no jugar a las carreras» en su planificación.

En este sentido, ha argumentado que hay que concluir la evaluación del segundo plan de FP aragonés, determinar cómo implantar el modelo dual y analizar las iniciativas de otras Comunidades autónomas al respecto, un proceso que será «lento» porque supone un «cambio en la cultura empresarial y en la dinámica de los centros de formación».

Más prestigiada

La diputada del PAR, María Herrero, ha señalado que «se han hecho esfuerzos en los últimos años», pero la FP «debería estar más prestigiada y ser más demandada» y ha apostado por planificar con «previsión de futuro» para que los profesionales cualificados que se formen en FP puedan ir adecuándose a las necesidades del mercado a lo largo del tiempo.

El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha manifestado que la posición de su grupo es de «expectación», a la espera de que el Gobierno «concrete» ese plan y se defina la financiación para saber si será «capaz de frenar el paro en Aragón» y ha advertido de los «riesgos» de «trasplantar» a la Comunidad autónoma un sistema de FP dual de un país como Alemania, para recordar que en el País Vasco «no salió bien porque las empresas ponentes lo abandonaron».

El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha señalado que la FP dual promovida desde el Gobierno central «está hecha para las empresas», «sin debate, sin diálogo y por imposición probablemente, de la señora Merkel, para implantar el modelo dual alemán, cuando allí se está cuestionando» y el tejido productivo español «ni se parece al alemán» y ha alertado de la «posible pérdida de empleo para jóvenes» si este sistema se utiliza «para incorporar aprendices en vez de contratar» a trabajadores.

Empleo del sector público

En otro orden de cosa, el pleno de las Cortes de Aragón ha pedido por unanimidad al Gobierno autonómico que, en virtud de sus compromisos respecto al sector público empresarial, racionalice y mantenga el empleo de las plantillas laborales de las sociedades y, en su caso, elabore planes de ordenación de recursos humanos en el ámbito de los sectores de especialización o empresarial del total de la corporación pública, mediante la potenciación de su función como prestadoras de servicios públicos.

La iniciativa, una moción presentada por el PSOE, tenía otro punto que ha sido rechazado con los 36 votos en contra de PP y PAR y los 28 a favor de PSOE, CHA e IU, que pedía que se exigiera al Gobierno de España la derogación de la Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, tanto en lo relativo a permanencia en el empleo y la mejora de las condiciones de trabajo, como al papel de la representación de los trabajadores en la negociación colectiva.

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