admin 13/02/2015

EUROPA PRESS

Carlos Escó, Javier Velasco, Alfonso Vicente, Eduardo Bandrés y Alberto Larraz

El Pleno de las Cortes de Aragón ha atribuido responsabilidades políticas por la gestión de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) al exviceconsejero de Obras Públicas y exconsejero delegado, Carlos Escó, los exconsejeros de Obras Públicas, Javier Velasco y Alfonso Vicente, y los extitulares de Economía, Eduardo Bandrés y Alberto Larraz, los cinco pertenecientes a gobiernos del PSOE.

La Cámara ha aprobado por unanimidad el dictamen de la Comisión de investigación sobre la plataforma y también ha dado el visto bueno a los votos particulares del PP y el PAR, así como a parte de los votos de CHA, IU y el PSOE. Socialistas y aragonesistas han rechazado la atribución de responsabilidades políticas.

No han sido responsabilizados todos los miembros del Consejo de Administración y del Gobierno de Aragón de la época investigada, como habían propuesto los grupos de CHA e IU por considerarlos responsables solidarios.

Las Cortes han resaltado la importancia de la plataforma en la economía aragonesa desde su creación, poniendo de relieve la creación de empleo y empresas, así como la unanimidad política en torno al proyecto desde su puesta en marcha.

Asimismo, la Cámara ha destacado la apuesta por la transparencia realizada con la creación de la Comisión de investigación, que ha celebrado 23 sesiones, durante las cuales han comparecido 70 personas de forma presencial y una más por videoconferencia.

Los miembros de la Comisión, Javier Sada (PSOE), Joaquín Peribáñez (PAR), José Luis Soro (CHA) y Patricia Luquin (IU), coordinados por el portavoz del grupo del PP, Antonio Torres, han estudiado cientos de documentos.

GRUPOS

Para el portavoz del PP, Antonio Torres, «el problema no es tanto el fallo de los controles como la actuación de los responsables» de Plaza, afirmando que «se han perpetrado una serie de presuntos delitos» relacionados con la «mala administración» y el quebranto de casi 200 millones de euros.

Aunque Plaza tuvo desde el principio su propia Ley, ello «no fue obstáculo para que dicha norma fuera incumplida contrato tras contrato», ha observado Torres, quien ha excluido de cualquier responsabilidad política al actual consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón y al conjunto de los miembros del Consejo de Adminsitración y del Gobierno en la etapa investigada.

«El grupo de IU defiende que sí han existido responsabilidades políticas», ha aseverado la portavoz, Patricia Luquin, quien se ha preguntado cómo se llevan a cabo los controles internos y externos de Plaza, ya que «han fallado» pese a que esta empresa era la más supervisada.

Ha subrayado la «responsabilidad expresa» de Carlos Escó, extendiéndola a «quien lo propuso, lo nombró y consistió» sus actividades. Para después defender que los representantes del Gobierno y del Ayuntamiento de Zaragoza, accionistas de Plaza, disponían de información «suficiente», por lo que les ha achacado también una responsabilidad política compartida «por acción u omisión».

Luquin ha considerado necesario incorporar a todos los grupos parlamentarios a los Consejos de Administración de las sociedades públicas para «mejorar» el control de las mismas.

El presidente del grupo de CHA, José Luis Soro, ha dicho que determinadas personas incumplieron sus «obligaciones» sobre todo en el ámbito de contratación, añadiendo que «se han producido importantes quebrantos a la Hacienda pública».

«Sí hay responsabilidades políticas», ha asegurado Soro, quien ha puntualizado que su grupo no ha pretendido hacer una «causa general», sino que ha preferido «individualizar esas responsabilidades».

Como Luquin, el presidente de CHA ha destacado la responsabilidad de Escó, quien «no solo era un consejero delegado», sino que «había ocupado destacados cargos políticos, era un estrecho colaborador de Marcelino Iglesias, era una pieza clave». Desde Chunta «entendemos que la cuestión de que tuviera este importante papel era una decisión de carácter político».

También ha hallado «un plus de responsabilidades de determinados consejeros» por la «especial vinculación» de Plaza con los Departamentos de Obras Públicas, Economía y Hacienda.

José Luis Soro ha puesto de relieve la «vinculación especialísima» de los exconsejeros Javier Velasco y Alfonso Vicente con Plaza y otras empresas públicas, matizando que sus responsabilidades se derivan de su cargo de consejeros, no como presidentes del Consejo de Administración.

Ha afirmado que «hemos puesto el listón muy alto», en alusión a la transparencia con que ha actuado la Comisión. «Ojalá no haga falta en el futuro crear comisiones de investigación, pero ojalá, si hay, quienes las compongan sean capaces de hacerlo como hemos hecho en este caso».

«TRANSPARENCIA»

El portavoz del PSOE, Javier Sada, ha comentado que Aragón es una de las pocas comunidades cuyos Parlamentos han creado comisiones de investigación y ha dejado clara la «voluntad política» de su grupo de apostar por la transparencia.

«Nada se ha quedado en el tintero, nadie sin comparecer» en la Comisión, cuyo valor es el de la «transparencia», ya que los ciudadanos han podido conocer sus trabajos «sin intermediarios interesados, sin visiones parciales».

Javier Sada ha aseverado que el Consejo de Administración de Plaza tomó sus decisiones «con información suficiente y total respaldo jurídico», añadiendo que «había controles suficientes». Ha recalcado la «honorabilidad personal y del quehacer político de mis compañeros, como han venido demostrando en la Comisión».

Tras afirmar que Plaza nació «fruto de una decisión política» y se puso en marcha «en un tiempo récord», ha manifestado que supuso la creación de 250 empresas, con más de 10.000 empleos y más de 3.000 millones de euros de inversión, de ahí «la necesaria defensa del proyecto».

El diputado del PAR, Joaquín Peribáñez, ha hecho hincapié en que todos los comparecientes han reconocido que «todos y cada uno de los puntos —de las reuniones del Consejo de Administración— se acordaron desde la unanimidad» y que no fue forzada «en ningún caso» y que esos puntos «siempre» estaban avalados jurídica, técnica y económicamente.

«Todos percibían que se contaba con sistemas de control suficientes», ya que el Consejo contaba con asesoramiento por parte del Gobierno y mediante las contrataciones externas, ha dicho Peribáñez, agregando que tanto el presidente del Consejo, como el consejero delegado y el gerente tenían encomendadas unas funciones en base a los poderes que se les adjudicaron y «cada uno debe asumir la responsabilidad de sus decisiones por la gestión administrativa».

«Entendemos que en el momento en que se conocieron las supuestas deficiencias se tomaron decisiones contundentes», en alusión al cese del gerente Ricardo García Becerril.

Peribáñez ha descartado que haya responsabilidades políticas, pero «cuestión distinta es que se hayan cometido actos ilícitos y serán los tribunales los que decidan sobre la gestión administrativa». También ha hecho notar «la adopción de esas medidas de futuro que permitan la gestión eficaz que pueda permitir la detección de cualquier irregularidad».

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