La reforma del IAI continúa su tramitación tras rechazar PP y PAR las enmiendas a la totalidad de la oposición

EUROPA PRESS

La reforma de la Ley del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) continuará su tramitación parlamentaria tras rechazar PP y PAR, este jueves en la sesión plenaria de las Cortes, sendas enmiendas de devolución de los grupos de PSOE, CHA e IU, que han echado en cara al Gobierno el endurecimiento de los requisitos y la supresión del carácter subjetivo de esta prestación.

La reforma de la Ley del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) continuará su tramitación parlamentaria tras rechazar PP y PAR, este jueves en la sesión plenaria de las Cortes, sendas enmiendas de devolución de los grupos de PSOE, CHA e IU, que han echado en cara al Gobierno el endurecimiento de los requisitos y la supresión del carácter subjetivo de esta prestación.

El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Ejecutivo autonómico, Ricardo Oliván, ha presentado el proyecto de ley de reforma, justificándolo por el cambio del perfil de los beneficiarios y la necesidad de adaptar la normativa, aprobada en 1993, a las comunidades limítrofes. Habrá más seguridad jurídica, ha dicho Oliván.

El titular de Bienestar Social ha expuesto que el término «marginación» se sustituirá por la denominación «personas que se encuentran en riesgo de exclusión social» y además el tiempo necesario de empadronamiento será de dos años. Serán beneficiarios colectivos como las mujeres víctimas de violencia de género, los mayores de 65 años que no perciban pensión y los menores de 25 con hijos a su cargo, aunque el tramo de edad reconocido es de los 25 a los 65 años.

El IAI se podrá cobrar hasta tres años y se podrá prorrogar «en casos de extrema necesidad», ha continuado el consejero, quien ha apuntado que no computarán -para valorar las solicitudes_las ayudas de integración familiar y las urgentes.

Con el nuevo IAI se establecerán dos itinerarios para los beneficiarios, debido al cambio de perfil, uno para las personas excluidas y otro para las que necesitan reincorporarse al mercado de trabajo y que han agotado sus subsidios.

«último recurso»

La diputada del PSOE, María Victoria Broto, ha puesto de relieve el incremento del número de demandantes del IAI, con 911 beneficiarios en 2008 y más de 5.000 en la actualidad, por lo que ha considerado que «ahora es más necesario que nunca que la DGA apueste por la igualdad y la justicia».

Broto ha coincidido con las otras portavoces de la oposición en que el IAI es «el último recurso, la última frontera que separa a muchas personas de la desesperación absoluta», espetando al consejero que la reforma «desmonta importantes logros sociales».

A juicio de María Victoria Broto, el objetivo de la nueva ley es «reducir el número de solicitantes y perceptores, conseguir el ahorro económico». Ha preguntado a Oliván si «no les da vergüenza ahorrar a costa de los más vulnerables».

La portavoz del grupo parlamentario de IU, Patricia Luquin, ha tildado el proyecto de ley de «injusto, inservible», augurando que «no va a cumplir las expectativas y necesidades reales que tienen miles de familias».

Luquin ha subrayado que el IAI es «la última barrera que tienen miles de familias para no quedarse en la calle» y se ha quejado de que el Gobierno pretende «acotar» esta prestación a la disponibilidad presupuestaria en lugar de «dar soluciones reales».

Con esta iniciativa legislativa, ha dicho la portavoz de IU, se ha quebrado «un principio esencial», el carácter subjetivo del IAI, cuando «es más necesario que nunca».

Ha alertado de que en un solo año la pobreza relativa ha aumentado un 15 por ciento, aunque el incremento más notable se ha producido en la pobreza severa. Luquin ha apuntado que en enero de 2014 había 5.409 beneficiarios.

En representación de CHA, Carmen Martínez ha enmarcado el proyecto de ley en la «desastrosa» gestión de la política social del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, que ha achacado a las «políticas austericidas que están dando la espalda a la ciudadanía».

Tras afirmar que la iniciativa es «totalmente inaceptable», ha llamado la atención sobre los «alarmantes datos» de la pobreza severa, que en el caso de la infantil son «desorbitados». «Difícilmente con la cuantía del IAI se puede vivir con dignidad», ha continuado la parlamentaria de Chunta, quien ha reconocido que la reforma del IAI «es necesaria», rechazando a un tiempo la propuesta del Gobierno.

Carmen Martínez ha recordado que las entidades del sector rechazan esta reforma, añadiendo que el proyecto de Oliván «ha sobrepasado todas las líneas rojas» y que se guía por criterios «economicistas, sin tener en cuenta criterios sociales, asistenciales».

ACTUALIZACIÓN

La parlamentaria popular, Carmen Susín, ha opinado que esta normativa «se ha visto desvirtuada en su objeto inicial por la aparición de nuevos perceptores», en alusión al colectivo de personas que han perdido su empleo y agotado sus prestaciones.

Susín ha afirmado que donde más se ha restringido esta prestación es en Navarra, «con una consejera del PSOE» y ha defendido los cambios introducidos en el proyecto de ley aragonés, señalando que la independencia del núcleo familiar se suele producir cada vez más tarde y que la mayoría de los beneficiarios llevan al menos dos años empadronados en Aragón.

Además, los usuarios podrán cobrar otras prestaciones. Respecto al control administrativo, ha dicho que «nadie tiene que justificar su pobreza», sino «simplemente» que continúa ajustándose a los requisitos.

El diputado del PAR, Manuel Lorenzo Blasco, ha comentado que su partido ha sido crítico con la iniciativa legislativa desde su presentación y que al ser un tema de gran relevancia social debía aprobarse con un consenso amplio.

Ha expresado que la reforma «no satisfará a nadie al 100 por cien» y ha defendido la necesidad de acometer una reforma del IAI porque la situación ha cambiado desde que se aprobó, en 1993.

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