La población extranjera cae un 0,10% entre 2012 y 2013 en Aragón

EUROPA PRESS

La población extranjera ha disminuido en un 0,10 por ciento entre 2012 y 2013 en la Comunidad autónoma de Aragón, debido a la escasez de oportunidades laborales, el continuo aumento del paro y la falta de confianza en una pronta recuperación, que han hecho que un gran número de inmigrantes decidan abandonar el país.

La población extranjera ha disminuido en un 0,10 por ciento entre 2012 y 2013 en la Comunidad autónoma de Aragón, debido a la escasez de oportunidades laborales, el continuo aumento del paro y la falta de confianza en una pronta recuperación, que han hecho que un gran número de inmigrantes decidan abandonar el país.

No obstante, el descenso es leve (180 extranjeros menos) e inferior al conjunto de España (cae un 3,77 por ciento), debido a la reagrupación familiar y al arraigo de la ‘segunda generación’ en la Comunidad.

Así se refleja en el informe sobre ‘La población inmigrante en Aragón 2012’, elaborado por el Gabinete Técnico de CC.OO. y que ha presentado este miércoles la secretaria de Intervención Social del sindicato en Aragón, Eva Murillo, acompañada por Sonia Bergasa, del gabinete técnico económico.

En la Comunidad, la población inmigrante se sitúa este año en 172.931 personas, un volumen superior al de 2008, año de inicio de la crisis y cuando la cifra ascendía a 154.892 personas. A pesar de ello, se ha incrementado el retorno de inmigrantes a sus países por el agravamiento de la crisis, «la pérdida de trabajo y el recorte de derechos que ha empobrecido a la sociedad en general y ha golpeado bastante más a este colectivo», ha subrayado Murillo.

Así, la población parada en la Comunidad en 2012 ascendió a 107.688 personas (con una tasa del 32,49 por ciento) de las que 24.400 son inmigrantes (el 22,66 por ciento). El tramo de edad donde más se concentra el desempleo es el comprendido entre los 25 a los 44 años con 16.374 parados (el 65,95 por ciento del total).

Población activa inmigrante

Respecto a la población activa inmigrante, se situó el pasado año en 102.300 personas en Aragón, un 15,61 por ciento de total y un 1,54 por ciento menos que en 2011. La tasa de actividad es del 79,50 por ciento.

En cuanto a la población ocupada inmigrante, se sitúa en 69.000 personas, lo que supone el 12,93 por ciento de la población ocupada total. Desde el 2011 hasta el año pasado se produjo un incremento del 3,45 por ciento.

Los sectores de ocupación son mayoritariamente la hostelería, la agricultura y el servicio doméstico, con peores condiciones laborales. Este colectivo sufre altísimas tasas de temporalidad, si bien el porcentaje de contratación indefinida aumentó el año pasado hasta el 13,24 por ciento por la firma de contratos de relación laboral con carácter especial del servicio de hogar familiar.

No obstante, Murillo ha asegurado que la población extranjera tiene «una situación peor que la autóctona en materia laboral» y ha señalado que los trabajadores inmigrantes «cobran una media de 7.265 euros menos al año (-31,68 por ciento) que los trabajadores nativos».

Una política a largo plazo

La secretaria de Intervención Social de CC.OO.-Aragón, Eva Murillo, ha alertado de que «estamos asistiendo en este momento a un debilitamiento de los mecanismos de integración que puede conducir a fragmentación social, a una ruptura de la cohesión y favorecer la aparición de discursos y actitudes xenófobas».

En este sentido, ha lamentado que España no cuente «con una política de extranjería correcta, basada en el análisis y el conocimiento de la realidad» de esta población y, de hecho, «seguimos viendo que el colectivo de inmigrantes no figura en las agendas políticas, no se visualizan sus problemas, ni se están poniendo en marcha medidas para solucionarlos».

CC.OO.-Aragón ha advertido de que los efectos de la salida de inmigrantes «son negativos tanto sobre la demografía como sobre el consumo y la economía en general», dado que cuando «exista una recuperación económica, con una población activa más envejecida, será necesario recuperar un saldo migratorio positivo, volver a traer a trabajadores inmigrantes», por lo que ahora «conviene no forzar un retorno masivo de los inmigrantes ya establecidos y desarrollar una política migratoria a medio-largo plazo» y «realista».

El gobierno «va en dirección contraria»

Eva Murillo ha recalcado que «el coste en un futuro del reclutamiento de esos trabajadores inmigrantes es mucho mayor que el beneficio que puede suponer ahora que salgan de España» y ha criticado que la política del Gobierno central «va en dirección contraria», al recortar «derechos en políticas sociales, generando desigualdades en el acceso a bienes y servicios y en ámbitos como la educación, la sanidad o los servicios sociales».

Como ejemplos, ha recordado la última reforma del reglamento de extranjería en el año 2011 que, «ante la crisis, en lugar de ofrecer mecanismos para evitar la situación de irregularidad sobrevenida, legisló limitando la posibilidad de arraigo, que era el principal sistema que utilizaban los inmigrantes para pasar de irregularidad a regularidad y acceder al permiso de trabajo y residencia».

Asimismo, el decreto para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud «ha expulsado del sistema sanitario público a miles de personas de origen extranjero en situación administrativa irregular; este decreto vulnera los derechos humanos fundamentales y supone un grave riesgo para la salud», ha aseverado.

Por último, el Ejecutivo planteó «una ocurrencia: el anteproyecto de la Ley de emprendedores, donde se recoge la tramitación acelerada del permiso de residencia si se cumplen determinadas condiciones de carácter económico, como la adquisición de dos millones de deuda pública o la compra de viviendas por precio superior a 500.000 euros», de forma que «establece dos categorías de extranjeros ante la ley, los ricos y los trabajadores inmigrantes», sin tener en cuenta el origen del dinero, ni la aportación de este colectivo de trabajadores a la economía española, ha dicho Murillo.

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anonymous