El TSJA propone promulgar nuevas leyes antes de modificar la planta judicial de Aragón

EUROPA PRESS

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha propuesto promulgar nuevas leyes antes de modificar la planta judicial de Aragón en un informe desfavorable sobre la reforma de las bases de demarcación y planta judicial planteada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), informe que ha aprobado por unanimidad la Sala de Gobierno del TSJA.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha propuesto promulgar nuevas leyes antes de modificar la planta judicial de Aragón en un informe desfavorable sobre la reforma de las bases de demarcación y planta judicial planteada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), informe que ha aprobado por unanimidad la Sala de Gobierno del TSJA.

En una nota el TSJA señala que «la mera reducción de partidos judiciales y la concentración de órganos judiciales no implica ni un mayor aprovechamiento de medios, ni un avance en la agilización del servicio de la Administración de Justicia si no va acompañada de reformas legislativas».

Después de valorar y considerar distintos aspectos del informe presentado por el Consejo el pasado mes de mayo estableciendo las bases para una nueva Demarcación y Planta judicial, los 13 magistrados miembros de la Sala de Gobierno del TSJA han acordado remitir un informe desfavorable. Este dictamen es la respuesta al requerimiento hecho por el máximo órgano de gobierno de los jueces en el que se solicitaba el pronunciamiento de las Salas de Gobierno de los TSJ.

Los magistrados han expresado que estas reformas legislativas «deben implicar una nueva forma de organización y funcionamiento de la actividad judicial» y por ello «se deberían promulgar nuevas leyes como las de los Tribunales de Instancia, Demarcación y Planta, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

Edificios judiciales

Respecto a los edificios judiciales los magistrados han apuntado al importante esfuerzo económico realizado en los últimos años por las Administraciones competentes en Aragón en clara referencia a las nuevas sedes de los Juzgados en Calatayud, Caspe y Fraga, y a las obras de mantenimiento y mejora realizados en los juzgados restantes.

«La nueva demarcación judicial significaría una pérdida de estos edificios o su infrautilización, lo que colisiona con el principio de eficiencia en el aprovechamiento de los recursos». Han añadido que los edificios judiciales actualmente en construcción, la Audiencia Provincial de Zaragoza y los Juzgados de Huesca, no se diseñaron teniendo en cuenta la nueva concentración de sedes judiciales que ahora se plantea.

En su informe han indicado que «lo que es seguro que se va a producir es un mayor alejamiento de la Administración de Justicia respecto del ciudadano y justiciable, quien tendrá que recorrer una mayor distancia para llegar a los juzgados y, por tanto, empleará más tiempo, un mayor coste y una mayor dificultad».

«Esta pretensión ya fue formulada en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de 28 de mayo de 2001, en donde se indicaba que debería aprobarse un nuevo mapa judicial que permita agilizar y acercar la Justicia al ciudadano», han apuntado.

En este punto ponen especial énfasis en los casos de violencia contra la mujer al considerar que la modificación de planta judicial planteada por el CGPJ no cumple con el objetivo propuesto de mejorar el servicio de los juzgados especializados en esta materia ya que «con las bases que se proponen, tanto la víctima como el presunto autor, la mayoría de las veces en calidad de detenido, deberán recorrer una gran distancia hasta las dependencias judiciales».

Los magistrados del TSJA han recordado que los servicios de atención a la víctima, gabinetes psicológicos, fiscalías especializadas, unidades de valoración forense tienen carácter provincial, «lo que conlleva que no se dispondrá de dichos servicios con carácter inmediato, a excepción de las capitales de provincia».

COMUNICACIONES

Los miembros de la Sala de Gobierno han apoyado las conclusiones de su informe en datos de la Comunidad de Aragón publicados recientemente. Han valorado en primer lugar que las comunicaciones dentro de la comunidad aragonesa no son fluidas, que se realizan principalmente a través de la red regional de carreteras, «las cuales no vertebran las comunicaciones de la comunidad debido al grado de envejecimiento de las calzadas que hacen lentos los largos desplazamientos, y la red ferroviaria, también escasa e insuficiente».

El informe pone de relieve que Aragón, por su extensión, es la cuarta Comunidad Autónoma de España al ocupar aproximadamente el 10 por ciento del territorio español. Con una población en 2011 de 1.346.293 habitantes, el 43,36 por ciento reside en municipios distintos a las capitales de provincia y el 16,8 por ciento en municipios que no llegan a los 2.000 habitantes. Por lo que a sus localidades se refiere, el informe indica que Aragón cuenta con 731 municipios, el 40.1 por ciento de ellos (293) en zonas de montaña y el 91,7 por ciento de ellos cuentan con un número de habitantes inferior a los 2.000.

El documento también hincapié en que mientras que en España el promedio de habitantes por kilómetro cuadrado es de 81, en Aragón se sitúa en apenas 28 habitantes por kilómetro cuadrado y en que de las tres provincias Teruel cuenta con tan solo 10 habitantes por kilómetro cuadrado.

Además de la baja densidad, los magistrados valoran el hecho de que la población está irregularmente repartida concentrándose en la ciudad Zaragoza más del 50 por ciento de los habitantes de Aragón.

Han puesto el acento en el envejecimiento de la población: «El despoblamiento y la dispersión se ven agravados con un alto grado de envejecimiento, sobre todo en la zona rural».

Los magistrados han añadido que en Aragón el 20 por ciento de la población es mayor de 65 años frente al 17,2 por ciento existente en España. Ello supone un índice de envejecimiento de 110,1 frente al 87,2 existente en Estado español, un índice de sobreenvejecimiento 16,1 frente al español de 13,6; y una tasa global de dependencia del 50,8 por ciento frente a la española, que se sitúa en el 47,1 por ciento, según datos de 2011 del Instituto Aragonés de Estadística.

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