admin 09/06/2015

EUROPA PRESS

El PSOE y Podemos continúan negociando la conformación de una mayoría parlamentaria de cara a la investidura del nuevo presidente del Gobierno de Aragón tras una reunión en la que los socialistas han pedido más concreción a la formación morada, que ha apelado a la «voluntad política» del equipo negociador de Javier Lambán.

El PSOE y Podemos continúan negociando la conformación de una mayoría parlamentaria de cara a la investidura del nuevo presidente del Gobierno de Aragón tras una reunión en la que los socialistas han pedido más concreción a la formación morada, que ha apelado a la «voluntad política» del equipo negociador de Javier Lambán.

Ambos partidos se han reunido esta tarde en el Palacio de La Aljafería, donde la socialista Pilar Alegría ha encontrado «una buena actitud» por ambas partes, «una voluntad política de ir trabajando favorablemente con el objetivo de poder alcanzar acuerdos». No han cerrado una fecha para debatir sobre la formación de la Mesa de las Cortes.

El PSOE, ha dicho Alegría, «está de acuerdo» con la filosofía general de los tres primeros puntos del decálogo de Podemos, debatidos esta tarde, la lucha contra la corrupción, la creación de un observatorio que constate que los acuerdos se cumplen y la prohibición de los desahucios inmobiliarios.

Pero a su juicio «hay que descender un poquito más» y concretar las propuestas porque los socialistas están de acuerdo en «la música», pero «hay que hablar de plazos», sobre todo del periodo de tres meses en el que Podemos quiere aprobar sus medidas urgentes, un punto en el que discrepa el PSOE por cuestiones de legalidad.

Pilar Alegría ha alertado contra las «falsas expectativas» que se podrían plantear a los ciudadanos y ha insistido en que el Reglamento de las Cortes establece unas normas que «hay que respetar».

«No encuentro en absoluto alejadas» las propuestas de ambos partidos, ha dicho Alegría, quien ha recalcado que «cualquier acuerdo que se precie conlleva una negociación y un querer posibilitar que haya esos acuerdos».

En representación de Podemos, Esther Moreno ha dejado claro que sus propuestas son «viables, trabajadas, legales, serias» y ha aseverado que depende de la voluntad política del PSOE «el seguir con ellas o trabajar en llevarlas a cabo».

Sobre la propuesta de la formación morada de que el Gobierno de Aragón no trabaje con los bancos que desahucien, Moreno ha dicho que «se trata de demostrar voluntad política, si se está con los bancos o se está con la gente».

«Hay voluntad de negociación», ha indicado. Por otra parte, Podemos ha rechazado la propuesta del PSOE de incorporar a CHA a esta ronda de conversaciones y ha descartado que sean reuniones trilaterales.

«INCUMPLIMIENTO»

Podemos ha planteado que la sociedad civil debe supervisar el cumplimiento de los compromisos dado el «incumplimiento de los programas electorales y las palabras dadas a la ciudadanía». Para ello, han recomendado realizar una «ampliación» de la normativa sobre transparencia para que una comisión ciudadana «valore los compromisos adquiridos».

La formación morada ha propuesto que el observatorio esté formado por un representante de cada fuerza política que firme el acuerdo de investidura, colectivos sociales y una persona independiente de reconocido prestigio que sea elegida por consenso.

El PSOE ha visto bien que los acuerdos se verifiquen mediante la participación ciudadana, señalando que el anterior Ejecutivo socialista fue el primero de España que impulsó un proceso de participación ciudadana «amplísima».

CORRUPCIÓN

En cuanto a la lucha contra la corrupción, Podemos ha expuesto que hay «un problema serio» con el «despilfarro» de las Administraciones públicas, que han sido «el sumidero de los dineros públicos más importante desde que se iniciaron la espiral especulativa y la de creación de empresas públicas».

La formación morada ha propuesto confeccionar una ley específica contra la especulación y el despilfarro, creando nuevos organismos, como una Oficina Anti-fraude y promoviendo la firma de compromisos éticos que impidan, por ejemplo, que haya en puestos de libre designación personas implicadas en delitos de corrupción. También han pedido una auditoría «amplia y total» de las cuentas de la Administración autonómica.

Los socialistas han apoyado las medidas contra la corrupción, señalando que su partido ha «liderado» el «proceso de limpieza y calidad democrática». Además, vista la «nefasta gestión» realizada desde Hacienda, han considerado «imprescindible» que se conozca «de manera detallada» la situación financiera «que nos vamos a encontrar».

Por otra parte, Podemos ha exigido que se suprima o rebaje al mínimo la relación del Ejecutivo regional con los bancos que ejecuten desahucios, alertando de que se han llevado a cabo cientos de miles de desahucios en toda España. Quieren «forzar a los bancos» a paralizar los desahucios. Han criticado la política de vivienda del PSOE y han defendido el alquiler social.

Al respecto, el PSOE ha tildado de «inmoral» la proliferación de desahucios que se está produciendo, observando que no se deben generar «frustraciones gratuitas», puesto que hay «escollos» normativos y competenciales. Han apostado por elaborar un código de buenas prácticas para reducir los desahucios siempre sometiéndose al principio de legalidad.

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