admin 18/09/2013

EUROPA PRESS

El consejero de Política Territorial y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, ha afirmado este miércoles que el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración es «muchísimo mejor que cualquiera de los siete anteproyectos existentes antes» aunque se pueda hacer «alguna precisión».

El consejero de Política Territorial y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, ha afirmado este miércoles que el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración es «muchísimo mejor que cualquiera de los siete anteproyectos existentes antes» aunque se pueda hacer «alguna precisión».

Este proyecto de ley que tramitan las Cortes Generales será objeto de debate en la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado que tendrá lugar en Zaragoza el próximo 25 de septiembre.

Suárez ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón, donde ha expresado que con el actual proyecto de ley desaparecen conceptos que estaban recogidos en anteriores borradores, como la fijación del coste estándar de los servicios públicos municipales, la transferencia obligatoria de competencias a las Diputaciones Provinciales por parte de municipios de menos de 20.000 habitantes o la prohibición de mancomunarse.

A esto ha añadido que la disposición adicional segunda deja «a salvo» el papel de las comarcas dentro del modelo institucional aragonés. En la anterior reunión de la Bilateral, el secretario de Estado de Administración Pública, Antonio Beteta, se pronunció en este sentido.

El proyecto de ley establece tres tipos de competencias de las entidades locales: propias, delegadas y las denominadas impropias. Con respecto a las competencias delegadas, no sólo desaparece la limitación de que únicamente podrían realizarse delegaciones a favor de los municipios con una población superior a los 20.000 habitantes, sino que, además, se establece una serie de competencias que pueden ser objeto de delegación.

Entre estas están la vigilancia y control de la contaminación ambiental, la prestación de los servicios sociales, la conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales, así como la creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de primer ciclo de educación infantil.

En cuanto a las competencias que no son propias ni delegadas, conocidas como impropias, se establece que sólo podrán llevarse a cabo cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera y cuando no se incurra en duplicidad.

Antonio Suárez ha puesto de relieve que se respeta el derecho a la autonomía local para la creación de mancomunidades. Las entidades locales menores que se constituyan tras la entrada en vigor de la Ley no tendrán personalidad jurídica, ha apuntado.

Ha explicado que se reducen las competencias autonómicas en materia de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, aunque con ello se logra una mayor igualdad en el acceso de estos funcionarios, ya que se enfrentarán a un mismo examen, independientemente de la Comunidad Autónoma en la que se presenten.

En cuanto a la asunción por parte de la Comunidad Autónoma de las competencias municipales en materia de sanidad y de servicios sociales, no van a suponer un gran esfuerzo financiero y aseguran la prestación igualitaria de los mismos en todo el territorio aragonés.

El titular de Política Territorial ha defendido la publicación del coste efectivo de los servicios municipales. Por otra parte, ha pedido «menos eventuales y menos cargos de confianza y más funcionarios», apoyando así la «profesionalización de la función pública».

PROTESTA

Al respecto el diputado de IU, Luis Ángel Romero, ha resaltado que «ha ido creciendo la protesta» contra esta reforma legislativa y que «cada mes» se ha presentado un anteproyecto diferente. Ha dicho que el objetivo es «favorecer la iniciativa económica privada», además de «clarificar competencias y racionalizar la Administración».

El parlamentario de CHA, Gregorio Briz, ha aseverado que esta reforma ha sido impuesta por la Troika y ha considerado que «se desaprovecha una gran oportunidad para hacer la reforma local».

Ha planteado que esta iniciativa legislativa puede estar «invadiendo» competencias aragonesas recogidas en el Estatuto y ha mostrado sus dudas sobre la preservación del modelo comarcal.

La diputada del PAR, María Herrero, ha afirmado que «el texto ha mejorado notablemente» y ha recordado que el PAR pidió que se desecharan borradores anteriores. Ha indicado que el proyecto de ley se debatirá en la Bilateral.

La diputada socialista Carmen Sánchez ha echado en cara a Suárez que «el Gobierno sigue con su estilo, elaborando leyes sin contar con las partes implicadas» y ha comentado que muchos alcaldes del PP están en contra del proyecto. «No ha mejorado para nada lo sustancial» el actual borrador.

La parlamentaria popular Mar Vaquero ha expresado que el texto «en muchos aspectos convence». Ha lamentado que el PSOE invite al «rechazo total» de la gestión del PP tanto en el Gobierno de España como en el de Aragón «y lo que realmente podemos ver es una falta de ideas» por parte de los socialistas.

PNL

En otro orden de cosas, la mayoría PP-PAR ha rechazado una proposición no de ley del Grupo de IU, que ha pedido subvencionar la compra de nuevos vehículos para los parques de bomberos de las provincias de Huesca y Teruel.

Algunos de estos vehículos, conocidos como «egipcios», ha señalado el diputado de IU Luis Ángel Romero, han dejado de utilizarse tras visitar los parques la Inspección de Trabajo.

Read more: El proyecto de racionalización de la Administración local es el "mejor" de los presentados a falta de "alguna precisión"

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