admin 07/11/2014

EUROPA PRESS

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, ha apostado este jueves por reformar las normas procesales penales, en particular la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y apoyar y dotar a los juzgados con más medios, «para que actúen con agilidad», como fórmulas para combatir la corrupción y lograr «agilizar este tipo de procedimientos».

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, ha apostado este jueves por reformar las normas procesales penales, en particular la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y apoyar y dotar a los juzgados con más medios, «para que actúen con agilidad», como fórmulas para combatir la corrupción y lograr «agilizar este tipo de procedimientos».

En un encuentro con los medios de comunicación, en la sede del TSJA en Zaragoza, Manuel Bellido ha señalado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal está «pensada para el siglo XIX», una época en la que los delitos «eran muy distintos de los actuales» y, aunque «haya tenido algunas pequeñas reformas, no es operativa».

En este sentido, ha considerado que las palabras del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, al afirmar que la actual ley procesal está «pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador», son «una expresión muy gráfica» para una norma «de finales de 1800», que aborda «delitos contra el patrimonio, pero de los clásicos, de los que se daban en el siglo XIX», que siguen existiendo en la actualidad, pero no contempla «delitos complejos, informáticos».

La reforma de la ley «beneficiaría no solo a los procedimientos de corrupción, sino a todos, pero en particular a estos», ha alegado Bellido, para insistir en que también es importante que se dote de medios a los jueces especialmente en procesos «que mueven muchísimo papel, con documentación amplísima» y en los que «las declaraciones que deben tomarse son muy numerosas». «Estas dos cuestiones son fundamentales para agilizar este tipo de procedimientos», ha remarcado.

Respecto a la posibilidad de especializar a los jueces para afrontar casos de corrupción, Bellido ha comentado que «esa puede ser una posibilidad», si bien sería «fácil en la Audiencia Nacional o en determinados Tribunales Superiores de Justicia, pero en otros que tienen una amplía extensión territorial no sería tan sencillo».

Además, los delitos vinculados a la corrupción «son muy variados, normalmente son delitos económicos, pero hay también fiscales», ha observado, para considerar que «no es tan importante la especialización como la reforma de las leyes procesales y la dotación de medios para los juzgados» que llevan causas o macrocausas de corrupción. En este mismo sentido, ha apuntado que la especialización «siempre está bien», pero también se produce con la formación de los jueces.

Repartir cargas de trabajo

Por otra parte, ha estimado necesario distribuir «mejor las cargas de trabajo» en los juzgados y ha recordado que los jueces de adscripción territorial eran «una necesidad largamente sentida y peticionada por los jueces, porque facilitan el desarrollo de la justicia profesional».

Respecto a sus primeros contactos con el ministro de Justicia, ha explicado que Rafael Catalá ha manifestado que «se estaba planteando» la modificación de las tasas judiciales, si bien en el caso de la reforma de los partidos judiciales «no se pronunció o si se pronunció en esta legislatura no parece que de tiempo de introducir una reforma de la ley orgánica y de planta y demarcación».

Bellido ha sostenido que establecer una nueva estructura judicial requiere modificar la planta, «pero no significa que desaparezcan todos los partidos judiciales». Así, ha apostado por «atender los casos concretos», como en los territorios «de gran extensión y población dispersa», para agregar que «no necesariamente deben desaparecer todos los partidos judiciales».

También se ha referido a la mayor carga de trabajo en los juzgados de lo mercantil y lo social, vinculada a la crisis económica, para apreciar que «lo importante sería que la administración de justicia tuviese la suficiente flexibilidad» para dotar de medios «de manera inmediata» a los juzgados con mayor carga sin necesidad de crear un nuevo juzgado.

Al respecto, ha considerado «fundamental» e «imprescindible» impulsar la nueva oficina judicial, así como impulsar las nuevas tecnologías para favorecer una administración de justicia «más ágil».

Cumplir las leyes

En otro orden de cosas, sobre la consulta soberanista catalana ha rechazado realizar valoraciones como presidente del TSJA, si bien ha dicho que «lo más democrático en un estado democrático es cumplir las leyes».

También se ha referido a la petición de los cargos de Chunta Aragonesista (CHA) de renunciar a su aforamiento, para observar que es «un tema complicado», que requiere de «regulación y consenso entre los partidos políticos».

El aforamiento «es una garantía procesal que creo que se tiene que mantener, aunque existen opiniones» y esta renuncia, como gesto simbólico, «puede tener un componente de cara a la opinión pública, otra cosa es que se pueda renunciar», ha concluido.

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