El Justicia solicita al Ayuntamiento que adopte medidas para evitar las molestias que genera un bar
EUROPA PRESS
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha recomendado al Ayuntamiento de Zaragoza que adopte las medidas necesarias, mediante la tramitación de expedientes sancionadores o a través de los procedimientos legales que considere más adecuados, para evitar que un establecimiento de la calle Santa Isabel continúe generando molestias a los vecinos.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha recomendado al Ayuntamiento de Zaragoza que adopte las medidas necesarias, mediante la tramitación de expedientes sancionadores o a través de los procedimientos legales que considere más adecuados, para evitar que un establecimiento de la calle Santa Isabel continúe generando molestias a los vecinos.
El Justiciazgo resuelve así una queja recibida en la institución en enero de este año en la que se detallaban las continuas molestias que desde hace años genera un bar que, bajo diferentes nombres, está instalado en un local de la calle Santa Isabel.
El ciudadano que envió su escrito explica que este problema se inició en 1994 cuando se abrió el local con una licencia que, entre otros requisitos, establecía un aforo máximo de 57 personas y un nivel máximo de emisión de sonido de 83 decibelios.
Sin embargo, ante las quejas formuladas por los vecinos, «pronto se comprobó desde los servicios municipales que estas condiciones no se estaban cumpliendo, al igual que la relativa al horario, ya que permanecía abierto hasta la madrugada, con el consiguiente perjuicio para los vecinos, que ven imposibilitado su descanso por estas circunstancias».
De esta forma, «la situación se ha venido manteniendo y creciendo con ello el desconcierto de los afectados que, a pesar de reconocer la dedicación de la Policía y del Servicio de Urbanismo, ven como el local incumple sistemáticamente y cambia de gestores sin que desde el Ayuntamiento se adopte una actitud decidida para ponerle fin mediante la aplicación estricta de las normas generales y ordenanzas municipales», aseguraba el ciudadano.
Tras admitir la queja a supervisión, el Justicia solicitó información al consistorio, quien puso a su disposición distintos documentos en los que consta que la licencia de la que dispone este establecimiento es de «bar con equipo musical con una emisión máxima de sonido de 83 decibelios entre las 12.00 y las 23.00 horas, excepto viernes, sábado y vísperas, que podrá funcionar hasta las 0.00 horas».
113 DENUNCIAS
El Ayuntamiento también remitió copias de las denuncias formuladas por la Policía Local, que comenzaron en 2004 y desde marzo de 2010 hasta enero de este año ascienden a 113 por actividades distintas a las autorizadas en el establecimiento, incumplimiento de las condiciones de seguridad, acústicas, higiénicas y de sanidad, desobediencia a los mandatos de la autoridad y sus agentes —cuando se ha requerido que apaguen la música o cierren el local por estar fuera de su horario—, tolerancia de consumo o tráfico ilegal de drogas, exceso de aforo, desórdenes públicos, entre otras.
También se adjuntó la relación de quejas recibidas en el 092, entre marzo de 2010 y enero de 2012, que ascienden a 36, la mayoría de ellas por música muy alta y procedente del local en el horario de madrugada; y distintas mediciones de ruido realizadas por la Policía Local y que acreditan «incumplimientos muy graves de los límites establecidos en la licencia y en la ordenanza municipal».
Asimismo, el consistorio detallaba el expediente instruido para la revocación de la licencia, cuya orden en este sentido fue revocada por resolución judicial; y otros expedientes encaminados a la suspensión cautelar de la licencia y al cierre del establecimiento durante un tiempo, cuyas órdenes también fueron revocadas en vía judicial.
Por último, el Servicio de Disciplina Urbanística informaba de que se han tramitado diversos expedientes sancionadores, estando actualmente en proceso dos de suspensión de la licencia y tres imponiendo sanciones económicas (dos por importes de 1.200 euros y otro de 601 euros).
«demasiados años soportando molestias»
El Justicia advierte de que la documentación analizada deja constancia de dos hechos. En primer lugar, que los vecinos del entorno del número 5 de la calle Santa Isabel «llevan demasiados años soportando las graves y reiteradas molestias generadas por un bar que, con diferentes nombres, estilos y dirección, sigue manteniendo una actividad que no se ajusta a la licencia que tiene concedida».
En segundo lugar, que desde la Policía Local y demás servicios municipales se realiza una labor de vigilancia e imposición de sanciones que «en ocasiones deviene ineficaz al suspenderse las medidas de cierre o suspensión de licencia adoptadas, sin duda las más eficaces de cara a garantizar los derechos de los vecinos».
«Estos derechos tienen el rango de fundamentales, pues afectan a la inviolabilidad del domicilio, a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar e incluso a la salud, que se ven gravemente menoscabados por situaciones de esta naturaleza», asevera el Justicia.
Por ello, «sin dejar de reconocer la importancia de la actividad municipal», el Justiciazgo aprecia que «la persistencia del problema la revela insuficiente y si bien algunos de los procedimientos instruidos en orden a lograr el cierre del establecimiento han sido revocados en vía judicial, tal vez no se hayan agotado todas las posibilidades que ofrece la vigente normativa reguladora de la materia».
«abusivo y contumaz incumplimiento de las normas»
En este mismo sentido, señala como de la información recibida se constata «que nos encontramos con un abusivo y contumaz incumplimiento de las normas por parte de los gestores del establecimiento e, incluso, con la comisión de faltas por las que han sido sancionados penalmente».
«Todo ello en menoscabo de la autoridad municipal y con perjuicio para unos vecinos que ven invadidos sus domicilios por una barahúnda que imposibilita llevar una vida que, desde el punto de vista de la ciudadanía en general, pueda considerarse como normal».
De hecho, la mayoría de las denuncias al establecimiento son por una misma causa: su dedicación a actividades distintas de la autorizada» y la acumulación de procedimientos «podría resultar aquí más favorable al infractor que ha de enfrentarse a menos expedientes sancionadores, lo que facilitaría su defensa».
Por ello, el Justicia anima a la administración a tramitar expedientes separados de cada una de las denuncias, «juntamente con el estudio de todas las posibilidades legales existentes para acabar con la situación descrita en la queja y corroborada con la documentación que sirve de base a esta resolución».
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