El Justicia pide al Gobierno aragonés que elabore un protocolo para la detección de malos tratos a personas mayores
EUROPA PRESS
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha dirigido una sugerencia al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón en la que solicita que se elabore un protocolo para la detección, notificación y derivación de situaciones de maltrato hacia las personas mayores, dirigido a los profesionales médicos de los servicios de urgencias y atención primaria, que contenga la información necesaria para poner en marcha el proceso de denuncia o notificación.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha dirigido una sugerencia al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón en la que solicita que se elabore un protocolo para la detección, notificación y derivación de situaciones de maltrato hacia las personas mayores, dirigido a los profesionales médicos de los servicios de urgencias y atención primaria, que contenga la información necesaria para poner en marcha el proceso de denuncia o notificación.
En el supuesto de que este protocolo ya exista, y a tenor del desconocimiento manifestado al propio Justicia por varios profesionales en el marco de una Jornada sobre seguridad del paciente organizada recientemente por la Sociedad Española de Médicos de Urgencias y Emergencias de Aragón, la institución ha pedido a la Administración que lo revise y actualice y que se le de la publicidad necesaria para que pueda aplicarse de forma efectiva.
Los malos tratos a personas mayores es un tema que preocupa a la institución del Justicia, que ya en 2004 alertó sobre esta realidad en el Informe Especial titulado ‘Calidad de vida de las personas mayores. Un supuesto especial, el maltrato’.
Este estudio exponía las dificultades para obtener datos fiables sobre este fenómeno debido a la indefensión y vulnerabilidad del colectivo, como ocurre con la infancia, y también a la insuficiente concienciación en los Servicios de Urgencias de los hospitales generales de la Comunidad.
Asimismo, el Informe del Justicia recogía, en sus conclusiones, la necesidad de que la Administración elaborase una guía o protocolo para detectar los malos tratos a personas mayores en el ámbito sanitario y poder canalizar la correspondiente denuncia o notificación.
Transcurridos diez años, la institución desconoce si se llegó a elaborar el protocolo o si, existiendo este instrumento, se le ha dado la publicidad necesaria para garantizar una aplicación efectiva.
Para el Justicia, Fernando García Vicente, esta guía es una herramienta «muy valiosa» para el trabajo de los profesionales sanitarios, especialmente de los servicios de urgencias, y para elaborar estadísticas fiables que orienten estudios e investigaciones posteriores.
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