El Gobierno extenderá a todo Aragón el servicio de información a personas en riesgo de desahucio

EUROPA PRESS

El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, ha anunciado este viernes que tiene previsto extender a toda la Comunidad autónoma la colaboración establecida este jueves con el Ayuntamiento de Zaragoza para asesorar a personas con problemas de desahucio.

El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, ha anunciado este viernes que tiene previsto extender a toda la Comunidad autónoma la colaboración establecida este jueves con el Ayuntamiento de Zaragoza para asesorar a personas con problemas de desahucio.

En respuesta, en el pleno de las Cortes de Aragón, a una interpelación realizada por el diputado de CHA, Gregorio Briz, se ha referido a la ampliación de la colaboración de su Departamento con el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, «que funciona bien», para poner en marcha un servicio de información a las personas en riesgo de desahucio ya que «más de la mitad de los problemas de desahucios están en Zaragoza».

Según ha precisado, el consistorio ha encargado al Colegio de Abogados esta labor, y el Gobierno aragonés pretende «reeditar para el resto de Aragón, directamente, con el Colegio de Abogados» esa información a las personas en riesgo de desahucio, tratar de «limitarlos» y «ayudar en las conversaciones con los bancos» y ha apuntado que este acuerdo «será una realidad en uno o dos meses».

El consejero ha indicado que estas acciones tienen lugar en el marco del Plan de Gestión Social de la Vivienda, al que «daremos toda la velocidad, peso y presupuesto que le debamos y podamos poner».

Fernández de Alarcón se ha referido también a la aprobación en Consejo de Gobierno el martes pasado de un convenio con entidades sociales «con las que estamos colaborando con este plan» y a quienes «primero les estamos escuchando».

Según ha precisado, se trata de organizaciones integradas en la Red aragonesa de entidades sociales y ahora van a firmar ese convenio con 13 de ellas, entre las que ha mencionado Cáritas, Fundación Federico Ozanam, Disminuidos Físicos de Aragón y la Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón.

El convenio supondrá «formalizar un instrumento de gestión, comunicación y seguimiento de un conjunto de medidas para facilitar el acceso a la vivienda a los que más lo necesitan y que actualmente padecen una situación más vulnerable» y se contará con 435 viviendas —420 propiedad del Gobierno de Aragón y el resto viviendas de ayuntamientos—.

CRONOGRAMA

El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha pedido un «cronograma con prioridades y objetivos» para conocer qué es lo que el Departamento cree que hace falta «y no un goteo» de medidas, para estimar que en este ámbito «la iniciativa tenía que ser gubernamental, no social», aunque se cuente con las entidades.

También se ha interesado por cuándo habrá una ley de la vivienda, para recalcar que el concepto de vivienda social «nos parece fundamental», e interesarse por qué medidas concretas se han puesto en marcha en materia de rehabilitación y mejora de la vivienda; en ayudas a entidades colaboradoras; y en programas de alquiler social.

En relación con este último, ha estimado que la orden publicada «nos parece insuficiente con la situación actual» y ha querido conocer «cuántos ciudadanos pueden beneficiarse».

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