El consejero de Presidencia de Aragón cree que con los ‘escraches’ "se traspasan líneas rojas"
EUROPA PRESS
El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha opinado que con los ‘escraches’, acciones de protesta ciudadana en contra de los desahucios, «se pasan líneas rojas que no se deben pasar», cuando «existen mecanismos democráticos para que cada uno pueda defender sus ideas».
El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha opinado que con los ‘escraches’, acciones de protesta ciudadana en contra de los desahucios, «se pasan líneas rojas que no se deben pasar», cuando «existen mecanismos democráticos para que cada uno pueda defender sus ideas».
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Bermúdez de Castro ha comentado que un ‘escrache’ «no deja de ser señalar a una persona» y ha mencionado como ejemplo el realizado este domingo por un grupo de personas en las proximidades de la vivienda del diputado del PP por Teruel en el Congreso, Santiago Lanzuela, en la localidad turolense de Cella.
Según ha apuntado, cuando estas personas «van a Cella, a casa de la madre de Santiago Lanzuela, que tiene 87 años, saben positivamente que ahí no vive Santiago Lanzuela» y «están señalando a una señora del 87 años», algo que ha considerado «líneas rojas que se están traspasando y que no se pueden traspasar».
Al respecto, ha sostenido que esto «es peligroso» y «espero que algún día no pase algo». En Aragón, además de este ‘escrache’, se ha realizado otro ante el domicilio del diputado del PP por Zaragoza en el Congreso, Eloy Suárez.
Elegidos por los ciudadanos
El portavoz del Ejecutivo autonómico ha argumentado que un parlamentario ocupa su escaño en el Congreso «no porque a uno se le ocurra ponerlo», sino «porque los ciudadanos lo han elegido».
Por eso, «no estoy en absoluto de acuerdo con este tipo de acciones» y «tenemos unas normas democráticas» y unas instituciones «que nos hemos dado», gracias a las que «todo el mundo puede defender sus ideas».
Asimismo, ha reconocido que las Administraciones públicas «debemos trabajar para dar solución a un problema gravísimo, como son los desahucios» de quienes tienen comprada una vivienda, de la que les desposeen por no poder pagar la hipoteca y también atender a quienes «están en régimen de alquiler y son echados de sus viviendas».
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