admin 16/08/2014

EUROPA PRESS

Ecologistas en Acción y la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR) han advertido de que el nuevo reglamento de los Consejos Provinciales de Urbanismo ha salido «sin consenso» y han criticado que «no incluye medidas para evitar lo ocurrido en los años de la especulación urbanística y la corrupción».

Ecologistas en Acción y la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR) han advertido de que el nuevo reglamento de los Consejos Provinciales de Urbanismo ha salido «sin consenso» y han criticado que «no incluye medidas para evitar lo ocurrido en los años de la especulación urbanística y la corrupción».

Además, «no introduce medidas de transparencia y participación social reclamadas por los grupos ecologistas» y todas las alegaciones presentadas por estos grupos han sido desestimadas, según han informado en una nota de prensa.

En ella, han explicado que «nuestra pretensión ha sido únicamente hacer más transparentes los acuerdos que se toman en las Consejos Provinciales de Urbanismo pidiendo más tiempo y medios para estudiar los expedientes, más facilidades para el acceso del público en general y de los medios de comunicación».

Asimismo, solicitaban «la inclusión en los expedientes de las actas de todas las reuniones mantenidas durante la tramitación del mismo —con alcaldes, promotores, empresas, funcionarios—» ya que estas medidas «podrían ayudar a evitar la corrupción en materia urbanística y no suponen ninguna obstrucción al normal funcionamiento administrativo».

Han agregado que la experiencia de participación desde hace más de diez años en estos Consejos «nos ha permitido conocer a fondo las deficiencias de su funcionamiento», algo que han criticado «sistemáticamente en los plenos y en las reuniones mantenidas con distintos responsables de varios de los gobiernos que se han sucedido en la Diputación General de Aragón».

PARTICIPACIÓN

Ecologistas en Acción y la Asociación Naturalista de Aragón han recordado que según el Convenio de Aarhus, suscrito por el España, se contempla el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en materias ambientales. Este documento «tiene rango de ley y está amparado en el artículo 96 de la Constitución».

Este convenio «reconoce el papel esencial de las ONG ambientales y la obligación del Estado de reconocerles, apoyarles para que sus miembros no se vean penalizados y tengan amplio acceso a la información».

Ambas organizaciones han indicado que los Consejos Provinciales de Urbanismo de Zaragoza, Huesca y Teruel tienen entre sus competencias la aprobación definitiva y las modificaciones a los Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios de Aragón, incluidas ahora las capitales de provincia.

«De ahí la importancia de sus acuerdos en materias urbanísticas y por tanto con importantes repercusiones ambientales», ha argumentado. Están formados por representantes de los distintos Departamentos del Gobierno autonómico y de municipios y comarcas, diputaciones, Administración del Estado y Confederación Hidrográfica del Ebro, un representante de organizaciones empresariales, otro de los sindicatos más representativos y uno de organizaciones de defensa ambiental.

La periodicidad de las reuniones es mensual, en horario de mañana. En unas dos horas se pueden ver más de un centenar de asuntos importantes, han sostenido desde Ecologistas en Acción y ANSAR.

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