admin 18/09/2013

EUROPA PRESS

El concejal del grupo municipal de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha alertado de que con la reforma de la ley de la administración local «peligran» 600 empleos directos en servicios sociales y otros 3.000 puestos de trabajo generados mediante los 16 millones de euros de los convenios y subvenciones que se conceden a entidades sociales.

El concejal del grupo municipal de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha alertado de que con la reforma de la ley de la administración local «peligran» 600 empleos directos en servicios sociales y otros 3.000 puestos de trabajo generados mediante los 16 millones de euros de los convenios y subvenciones que se conceden a entidades sociales.

Tras recordar que esta reforma legislativa se encuentra en fase de presentación de enmiendas en el Congreso de los Diputados, Asensio ha anunciado que CHA «peleará por tener un sistema público municipal de servicios sociales».

Asensio ha detectado que según el actual texto «el papel de la DGA sería ilimitado y muchos servicios sociales que se podrían delegar tendrán un peso determinante del Gobierno de Aragón y no queremos un amo de Madrid y además de derechas».

En rueda de prensa, ha detallado que con este reforma el Ayuntamiento podría dejar de prestar algunos servicios especializados como la Casa de la Cultura, la Casa de la Mujer o la residencia de personas mayores Casa Amparo, y «también podrían desaparecer la teleasistencia y la ayuda a domicilio, además de las ludotecas» y quedarían como competencia municipal, de modo que «escasamente se podrían atender las ayudas de urgencia».

IAI

Por otro lado, ha avanzado que solicitará al consejero municipal de Servicios Sociales y Deportes, Roberto Fernández, que realice una «estimación» de los beneficiarios del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) que con la reforma legislativa de acceso a esta prestación «podrían dejar de percibirla».

Según sus cálculos serían unos mil zaragozanos que quedarían excluidos del cobro del IAI, ya que el texto planteado por el Gobierno de Aragón «aplica criterios restrictivos» entre los que ha citado que los menores de 25 años y los mayores de 65 años «dejarían de percibirlo aunque estén en situación de exclusión social».

Por otro lado, solicitarán al consejero municipal que mantenga el programa de infancia Zaragalla, iniciado por CHA hace dos legislaturas cuando formaba parte del equipo de gobierno municipal y que está dirigido a «atender situaciones especiales de personas con escasos recursos».

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