admin 11/02/2015

EUROPA PRESS

La oposición considera un «fiasco» la gestión del Gobierno y lamenta el descrédito a la Cámara de Cuentas

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de autonómico, Javier Campoy, ha explicado que la mayoría de las alegaciones presentadas por el Ejecutivo al anteproyecto del Informe de Fiscalización de la Cuenta de la Comunidad de Aragón de 2012 y 2013 son «discrepancias técnicas», para opinar que el documento «adolece de ciertos desajustes» que «gracias a este trámite de alegaciones» se «podrán corregir».

Así lo ha señalado ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón, donde ha informado, a petición propia, sobre las citadas alegaciones, presentadas el pasado 27 de enero, para subrayar que el informe de la Cámara «contiene valoraciones no positivas de algunas de nuestras actuaciones que también han sido tenidas en cuenta».

Campoy ha desglosado algunas de sus alegaciones en materia de gestión del patrimonio, ingresos tributarios, modificaciones presupuestarias, uso del fondo de contingencia, avales, pago a proveedores y endeudamiento.

Así, por ejemplo, ha comentado que las modificaciones presupuestarias supusieron el 6,32 por ciento de los créditos iniciales en 2012 y el 7,41 por ciento en 2013 y que en este último año tuvo lugar una ejecución de las partidas de ingresos del 97,3 por ciento, «de las más altas de España».

El consejero ha argumentado que la única motivación de su comparecencia ha sido «aclarar, explicar, hablar, dar la cara» después «del ruido formulado en relación al tema que nos ocupa», un «informe provisional», algo que «se puede coger por el lado bueno o por el malo» y que «probablemente no hubiera hecho falta si no hubiera habido una filtración».

Plan impulso

Campoy ha precisado, en relación con el Plan Impulso y su mención en el citado informe, que «no supuso una renuncia al cumplimiento del objetivo de déficit y deuda» y ha subrayado que el Gobierno de Aragón «puso todas las herramientas a su alcance para lograr la mayor ejecución posible», pero «no todos los Departamentos consiguieron el grado que hubieran deseado».

No obstante, «sí fue muy elevada en algunas medidas muy importantes relacionadas con la creación de empleo, como los incentivos a la contratación y al emprendimiento». Campoy ha reconocido que Educación, «para atender correctamente las necesidades de la Comunidad», pagó «algunas nóminas de diciembre» con dinero del Plan Impulso a través de una modificación presupuestaria.

Al respecto, ha aclarado que esto se hizo «una vez que se había constatado que iba a resultar imposible ejecutar algunas de las partidas del plan».

Igualmente, ha matizado otras nóminas se pagaron con el plan porque algunas de las medidas del mismo lo requerían «inevitablemente» como las relativas a conciertos para residencias y el plan de choque listas de espera.

FIASCO

La diputada del PSOE, Ana Fernández, ha considerado un «fiasco» la gestión del Gobierno de Aragón, con unos presupuestos «irreales», al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo proponga un cambio en la Cámara de Cuentas, y «ataque» a este órgano, cuando el PP en el Ayuntamiento de Zaragoza «ha montado todo el ruido posible» respecto a la fiscalización de 2011.

Además, ha dicho que con esta comparecencia el Gobierno pretende «cubrirse en salud» ante la petición del PSOE a la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, de que informe este jueves en el pleno de la situación financiera de la Hacienda Pública aragonesa.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha sostenido que esta comparecencia es «el caso más grave de deslealtad institucional a la Cámara de Cuentas y al Parlamento», además de «innecesaria» y ha anunciado que no iba a entrar en el fondo del debate hasta que se cuente con el informe definitivo.

A su entender, es «mezquino» cuestionar la «veracidad, objetividad, imparcialidad e independencia» de la Cámara de Cuentas para «tapar sus vergüenzas» ante unas cuentas de la Comunidad que son «ilegales, antisociales y chapuceras» y ha pedido a Campoy su dimisión.

El diputado de IU, Luis Ángel Romero, ha rechazado que se cuestione la credibilidad de la Cámara de Cuentas, algo que ahonda en la «desafección a la política», mientras que del Plan Impulso ha apuntado que si se pagaron nóminas «nos han engañado», igual que si solo se ejecutó el 62 por ciento del mismo.

Poca broma

El diputado del PAR, Antonio Ruspira, también ha estimado «innecesaria» la comparecencia, ha lamentado que estén en entredicho «tres instituciones importantes de la Comunidad, las Cortes, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón», algo que es «de poca broma» y ha defendido el trabajo de la Cámara de Cuentas.

El diputado del PP, Jorge Garasa, ha calificado de «acto de transparencia» la intervención de Campoy, ha considerado que «muchas alegaciones serán aceptadas» y ha apoyado la «honestidad y buena acción del Gobierno en 2102 y 2013», así como el Plan Impulso, que «reactivó el empleo, con 15.000 puestos de trabajo, 4.000 directos y 11.000 indirectos».

CPFF

En otro orden de cosas, el consejero Campoy ha informado sobre los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 23 de diciembre, que permiten a Aragón acogerse al Fondo de Facilidad Financiera (FFF) y al Fondo Social. El primero, permitirá contar con unos 400 millones de euros para el pago a proveedores, entre otras cuestiones.

Campoy ha recordado que el FFF es un fondo «de adhesión voluntaria y abierta a las Comunidades autónomas que cumplen los criterios de déficit y deuda», con financiación a coste cero, que Aragón podrá recibir porque una vez que se aprobó su plan de reequilibrio económico y financiero «ya cumplidos en déficit y deuda».

Además, ha precisado que «hemos sido muy pesados con el Ministerio de Hacienda», explicándole los «problemas de liquidez» y la necesidad de ayuda «porque Aragón se lo merece» ya que «estamos infradotados» y por eso «al final conseguimos esta financiación».

El consejero ha mencionado, entre las ventajas del FFF, que «la deuda de estos tres años que vaya a emitir la Comunidad está cubierta al cien por cien», así como las amortizaciones de deuda, «proporcionando fuente de fondos segura».

En total, el fondo supondrá para Aragón unos 1.200 millones de euros, aunque la cifra «no está cerrada». Por su parte, el Fondo Social contará con unos 10 millones de euros destinados a pagar la deuda con entidades locales pendiente a 31 de diciembre de 2014 y que se contemple en convenios suscritos para la prestación de servicios sociales.

Campoy ha dicho que esta financiación va a tener «importante efecto económico» y el «ahorro» se podrá «canalizar para gasto social», de forma que «redundará en beneficio de todos los aragoneses».

La diputada del PSOE, Ana Fernández, ha criticado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «haya sido incapaz de revisar el sistema de financiación autonómica» y con estos fondos «parchea», mientras que el diputado de CHA, José Luis Soro, ha puntualizado que «el dinero con el que se va a asumir la deuda es de los aragoneses, que somos los que pagamos los impuestos».

El parlamentario de IU, Luis Ángel Romero, ha opinado que esta medida refleja «el fracaso de la política fiscal y financiera del Estado y del Gobierno de Aragón», para considerar que «ahora toca balón de oxígeno porque vienen dos procesos electorales y necesitan salir de la asfixia».

El diputado del PAR, Antonio Ruspira, ha estimado que son fondos a coste cero «que no podemos rechazar» y el diputado del PP, Jorge Garasa, ha remarcado que contribuirán a «impulsar el crecimiento y garantizar la prestación de los servicios públicos».

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