Aprobado por unanimidad el Decreto-Ley de medidas para paliar los daños de la última riada
EUROPA PRESS
Los afectados tendrán bonificaciones en el pago de varios impuestos y las indemnizaciones se elevan a casi 20 millones
El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este miércoles por unanimidad el Decreto-Ley de medidas urgentes para reparar los daños y las pérdidas producidas en Aragón por los desbordamientos del río Ebro entre finales del pasado mes de febrero y los primeros días de marzo y la Ley de medidas tributarias urgentes para compensar los efectos de estas inundaciones.
Ha presentado las iniciativas el consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, quien ha explicado las medidas dispuestas en el Decreto-Ley, aprobado por el Ejecutivo regional para «reparar con celeridad los daños ocasionados» y que «es complementario» del Real Decreto-Ley del Gobierno de España.
El objetivo de esta norma es el restablecimiento de los servicios públicos, la reparación de daños y «la vuelta a la normalidad de las zonas siniestradas», no solo de la última crecida, sino de cualquier fenómeno similar que se produzca hasta el 31 de mayo, una «cuestión importante», ha apuntado el consejero, ya que el Decreto-Ley cubriría las afecciones que pudieran producirse tras las lluvias de estos días, que «creemos que no van a llegar a los niveles pasados».
El Decreto-Ley regional establece medidas directas e indirectas, como son el acceso preferente a la red de servicios sociales especializados y la cobertura de todos los gastos de las personas que tuvieron que ser realojadas, la reparación de daños en infraestructuras públicas de riego, tanto las de titularidad municipal como las de las comunidades de regantes, la restauración de los daños causados al medio natural y las infraestructuras de uso público, las del ciclo integral del agua, la reparación de las carreteras de titularidad autonómica y otras que se hubieran podido dañar para prevenir daños mayores.
CASI 20 MILLONES
Hay un segundo paquete de medidas indirectas, que se implementan mediante ayudas y subvenciones por un total de 19,9 millones de euros. Así, se destinarán 5,5 millones a indemnizar los daños en viviendas, enseres domésticos y vehículos, mientras que los gastos por las prestaciones de bienes o personas que han aportado su esfuerzo o maquinaria se subvencionarán con 400.000 euros, y se invertirán 12 millones en la compensación de las afecciones a producciones agroganaderas y las explotaciones agropecuarias.
Asimismo, los establecimientos turísticos dañados recibirán un millón de euros para paliar los daños y las mancomunidades y comarcas tendrán ayudas por valor de un millón. El Gobierno de Aragón ha firmado ya varios convenios con entidades financieras para canalizar las ayudas y subvenciones. Asimismo, el Decreto-Ley establece una compensación en el pago del IBI para viviendas y fincas rústicas.
BONIFICACIONES
El consejero Antonio Suárez ha informado, asimismo, del proyecto de ley de medidas tributarias, que modifica la Ley de Acompañamiento de 2015, que dispone varias bonificaciones en el pago de impuestos para los afectados.
Esta Ley dispone que las ayudas recibidas tendrán una compensación del 100 por cien en el IRPF, el impuesto sobre bienes patrimoniales y actos jurídicos documentados se reducirá al uno por ciento -y no el siete por ciento establecido_siempre que no se superen los 200.000 euros, en el impuesto sobre vehículos el gravamen será del 0,4 por ciento y no del cuatro, que es el supuesto general.
La reducción del impuesto de sucesiones y donaciones es del 100 por cien de la base imponible hasta 250.000 euros si el patrimonio no excede de 402.678 euros.
«recuperar la normalidad»
Desde el PP, José Manuel Cruz ha expuesto que las normas aprobadas pretenden «recuperar la normalidad cuanto antes en las zonas afectadas» y reparar los daños sufridos, desde las afecciones a viviendas hasta las infraestructuras agrarias, turísticas y comerciales. Ha defendido la «respuesta solidaria» del Ejecutivo frente a los daños ocasionados por la riada.
En representación del PAR, Joaquín Peribáñez, ha dicho que este Decreto-Ley es «conveniente» porque permite acometer medidas «de manera inmediata» para complementar las tomadas por el Ejecutivo central.
Ha resaltado que las normas aprobadas recogen beneficios fiscales para los afectados y ha considerado que «se debe hacer el esfuerzo necesario para que sean reparados los daños causados». Para el PAR lo importante es «resolver los problemas de los ciudadanos, volver a la normalidad», ha agregado Peribáñez.
AYUNTAMIENTOS
El portavoz del grupo socialista, Javier Sada ha dicho que «los papeles lo aguantan todo» y ha emplazado a aplicar estas medidas a la mayor brevedad posible.
Javier Sada ha emplazado a reparar de forma urgente las infraestructuras agrícolas comunales y ha considerado que el Gobierno regional cuente con los ayuntamientos, no solamente con los sindicatos de riego.
El diputado de IU, Miguel Aso, se ha preguntado si las cantidades presupuestadas «son o no suficientes», señalando que el Gobierno de Aragón se comprometió, inicialmente, a indemnizar a los afectados con 25 millones de euros, el equivalente a 1,5 kilómetros de AVE, y las organizaciones agrarias valoraron los daños en 27 millones.
A juicio de Aso, «hay que protocolizar este tipo de cuestiones», ya que «no podemos convertir esto en una especie de rifa, a ver cómo damos, más o menos» y ha propuesto «sentarnos con los afectados, ver qué tipo de medidas concretas» se deben tomar.
El parlamentario de IU ha lamentado que el Plan Ambiental del Ebro «ha dormido en un cajón» y ha considerado que el Ejecutivo regional debería haber tomado medidas «con celeridad».
El presidente del grupo de CHA, José Luis Soro, ha votado a favor «por responsabilidad y por solidaridad» con los afectados, dejando claro que «estamos radicalmente en contra de esta forma de hacer las cosas».
Ha recomendado confeccionar un mecanismo dotado de un fondo específico a nivel estatal y que «cada vez que ocurra se ponga en funcionamiento» para poder actuar «de forma predefinida e inmediata».
El presidente de CHA ha aseverado que «tiene que indemnizar el responsable, que entendemos que es la CHE» y ha considerado que «es una cuestión de deslealtad institucional» que el Gobierno de España no pague todas las indemnizaciones. Ha comentado que «estamos en situación de emergencia», que «hay situaciones preocupantes» en los ríos Guadalope, Bergantes, Jalón, Gállego y Arba.
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